Tras ocho meses de análisis, la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) aprobó con condiciones el contrato propuesto entre la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), la Autoridad para las Alianzas Público Privadas (AAPP o 3PPO) y NF Energía, LLC. (NFE) para suplir gas natural licuado a las plantas de San Juan y Palo Seco, y a otras unidades que operen con ese combustible.
La JSF advirtió que la aprobación final depende de que el gobierno revise los Términos del Acuerdo de Peaje para el suministro de gas y que se realice una evaluación íntegra del contrato de arrendamiento entre la Autoridad de los Puertos y NFE. El objetivo es garantizar un acceso competitivo al puerto de San Juan, evitando que el proveedor mantenga control exclusivo del punto de entrada del gas.
Además, el contrato exigirá que NFE tenga acuerdos con suplidores alternos si no puede entregar el gas o declara fuerza mayor. El ente destacó que el tema crítico es el acceso al terminal de San Juan, donde se maneja todo el gas natural licuado que llega al país.
La JSF explicó que, de no aprobar el acuerdo, la isla quedaría sin suministro de gas, reduciendo su generación eléctrica. Indicó que los nuevos términos del contrato, tras revisar versiones previas, mejoran sustancialmente las condiciones y garantizan la responsabilidad fiscal.
Entre los asuntos identificados en el contrato original figuraban la exclusividad por 20 años en el puerto, los 15 años de duración del acuerdo, la falta de infraestructura de regasificación y una distribución desigual de los riesgos. El nuevo borrador modificado en 2025 corrigió varios de esos puntos, aunque persisten problemas con el acceso al puerto.
La JSF señaló que los cambios podrían representar ahorros de más de $4,000 millones en costos de combustible y asegurar la continuidad del suministro si NFE incumple. El contrato ajustado reduce los volúmenes mínimos de compra, acorta su duración y permite que terceros utilicen las instalaciones de NFE cuando esta no pueda cumplir con el servicio.
Sin embargo, el organismo insistió en que la exclusividad en el puerto de Puerto Nuevo crea un monopolio operacional y una estructura no competitiva que deja a Puerto Rico dependiente de un solo proveedor. Añadió que cualquier interrupción en el acceso al terminal afectaría directamente la confiabilidad del sistema eléctrico.
La JSF condicionó su aval a que el gobierno garantice el acceso abierto al puerto, evalúe posibles devoluciones a los consumidores por consumo de diésel causado por fallas de NFE y cobre los daños pendientes. La carta oficial con todas las observaciones se publicó en la página de la Junta.
El ente concluyó que sus recomendaciones deben cumplirse estrictamente durante la ejecución del contrato para asegurar la competencia, la confiabilidad del sistema y el beneficio económico del pueblo de Puerto Rico.
