La Iglesia católica española asumirá el pago de las indemnizaciones a las víctimas de abusos sexuales cometidos en su seno, según un acuerdo alcanzado entre el Gobierno y la Conferencia Episcopal Española (CEE).
El pacto, firmado este jueves, establece una nueva vía de reparación a través del Defensor del Pueblo, destinada a los casos en los que ya no sea posible acudir a la justicia. Las víctimas podrán iniciar el proceso en una unidad de tramitación del Ministerio de Justicia, que remitirá el expediente al Defensor del Pueblo.
Esa institución elaborará una propuesta de resolución y, en su caso, de reparación —ya sea simbólica, restaurativa, espiritual o económica— de acuerdo con los deseos de la víctima. La propuesta será evaluada por la comisión asesora de la Iglesia, incluida en el Plan de Reparación Integral a Víctimas de Abuso (CPRIVA). Si ambas partes aprueban el informe, la decisión se considerará definitiva.
Cuando no exista conformidad, se convocará una comisión mixta con participación de asociaciones de víctimas para buscar un acuerdo unánime. Si persiste el desacuerdo, la Unidad de Víctimas del Defensor del Pueblo emitirá la resolución definitiva, de cumplimiento obligatorio por parte de la Iglesia en el plazo que se establezca.
El modelo acordado se define como un sistema mixto Iglesia-Estado, con la participación directa de las víctimas, y todas las reparaciones, sean económicas o de otro tipo, estarán a cargo de la Iglesia. Según fuentes de la CEE, el Gobierno se comprometió además a impulsar la reparación integral de víctimas de abusos en cualquier entorno social y a eximir del impuesto sobre la renta las compensaciones económicas.
Los obispos destacaron el carácter moral y temporal del compromiso, que tendrá una vigencia de un año prorrogable por otro, y aplicará a casos prescritos o en los que el agresor haya fallecido. El Ministerio de Justicia calificó el acuerdo como “histórico”.
El documento fue firmado por el ministro de Justicia, Félix Bolaños; el presidente de la CEE, Luis Argüello, y el presidente de la Conferencia Española de Religiosos, Jesús Díaz Sariego, tras la aceptación formal de la propuesta gubernamental por parte de la Iglesia.
