El director de la Oficina de Base de Fe de La Fortaleza, Juan Gaud, defendió este jueves la creación de oficinas de base de fe en los departamentos de Educación y Salud, y adelantó que una tercera comenzará a operar próximamente en Vivienda. Durante una rueda de prensa en el Palacio Rojo de La Fortaleza, Gaud explicó que estas oficinas tienen como propósito atender la espiritualidad de los empleados y servir de enlace con organizaciones basadas en la fe, de manera voluntaria y sin costo para el Estado.
Según detalló, la iniciativa cumple con la Ley 5 del 17 de febrero de 2011, establecida bajo la administración de Luis Fortuño, que dispone que toda agencia gubernamental debe contar con un enlace para grupos comunitarios y de base de fe. Esta ley busca promover programas de servicios para personas sin hogar, con problemas de salud mental o adicciones, víctimas de maltrato y otros sectores vulnerables.
Gaud enfatizó que las oficinas no son capillas, sino estructuras de trabajo con empleados destinados a coordinar esfuerzos en las agencias. Actualmente, Educación y Salud ya cuentan con sus oficinas y Vivienda está en proceso de establecer la suya. Explicó que estas dependencias también ayudan a coordinar esfuerzos durante emergencias atmosféricas, identificando contactos en distritos y regiones para apoyar a las agencias.
Por su parte, el secretario de Asuntos Públicos de La Fortaleza, Jean Peña Payano, subrayó que las oficinas de base de fe forman parte del plan de gobierno que fue evaluado y aprobado por el pueblo de Puerto Rico. “Se ha estado implementando y hasta el momento no ha habido un solo problema con ninguna de las bases de fe que se han abierto en las agencias de gobierno”, afirmó.
Entretanto, el Centro de Periodismo Investigativo informó que seis de los ocho funcionarios designados en estas oficinas son donantes o militantes del Partido Nuevo Progresista (PNP). Ante esta denuncia, Gaud aclaró que no interviene en los nombramientos y que cada agencia se encarga de seleccionar a su representante. “Eso le corresponde a las agencias y es voluntario. Las personas donan dinero a quienes deseen”, expresó.
El funcionario reconoció que, aunque la ley había estado vigente desde 2011, no se había puesto en práctica hasta ahora, cuando se ha retomado con el objetivo de fortalecer la colaboración entre el gobierno y los grupos de base de fe en Puerto Rico.
