Cerca de la medianoche del 25 de mayo del año pasado, Carmen Maldonado Díaz, doctora en medicina de 38 años y vecina de Utuado, llamó a la Policía para pedir protección contra su hermano mayor, Daniel. El hombre, veterano de la guerra de Irak, había regresado a Puerto Rico tres años antes, pero desde entonces no recibía tratamiento para las secuelas mentales y emocionales que le dejó el conflicto bélico ocurrido dos décadas atrás.
El caso de Carmen y Daniel evidencia una problemática creciente en Puerto Rico: la falta de servicios adecuados de salud mental que empuja a muchos pacientes a quedar bajo el cuidado del sistema de justicia. Las familias, ante la ausencia de atención médica oportuna, recurren a la Policía en busca de ayuda, lo que convierte a las autoridades en el primer recurso de respuesta ante episodios de crisis.
Especialistas señalan que esta situación sobrecarga a las agencias de seguridad y criminaliza a personas que necesitan asistencia médica, no castigo. La escasez de programas de rehabilitación, psiquiatras y centros de intervención —especialmente en comunidades rurales— agrava el panorama y deja al descubierto una falla estructural en la atención de la salud mental en el país.
