La Agencia de Protección Ambiental (EPA, en inglés) revocó el jueves su propia “conclusión de peligro” de 2009, un dictamen científico que durante 16 años sirvió como base para regular las emisiones de centrales eléctricas, vehículos y otras fuentes que contribuyen al calentamiento global.
Esa conclusión establecía que el dióxido de carbono y otros gases de efecto invernadero, producto de la quema de carbón, petróleo y gas, representan una amenaza para la salud y el bienestar públicos. Fue aprobada luego de que el Tribunal Supremo de Estados Unidos dictaminara en 2007 que esos gases podían ser regulados bajo la Ley de Aire Limpio.
La administración Trump argumenta que dicha determinación perjudica a la industria y la economía, y acusa a las administraciones Obama y Biden de haber manipulado la ciencia para justificar regulaciones ambientales. En contraste, activistas ambientales sostienen que los gases de efecto invernadero agravan desastres como inundaciones, olas de calor y sequías, poniendo en riesgo vidas y comunidades.
Desde su aplicación en 2010, bajo la presidencia de Barack Obama, la conclusión sirvió de fundamento legal para normas sobre emisiones de vehículos, plantas de petróleo y gas, y otras grandes industrias. La EPA incluso la utilizó para respaldar nuevas reglas relacionadas con emisiones de aeronaves.
Durante el gobierno de Donald Trump, el Departamento de Energía cuestionó los modelos climáticos utilizados por científicos, alegando que exageran los riesgos y que el impacto del clima sobre la economía es limitado.
Expertos advierten que la decisión de la EPA debilita décadas de trabajo científico y compromete la credibilidad de las instituciones dedicadas a la protección ambiental. Recuerdan que todos los años más calurosos registrados han ocurrido desde 2009, y que las condiciones extremas —como incendios, sequías e inundaciones— ya causan pérdidas millonarias.
La agencia eliminó de inmediato las normas sobre emisiones de automóviles y camiones. Según David Doniger, experto del Consejo de Defensa de los Recursos Naturales, la medida podría extenderse a otras fuentes estacionarias, como plantas eléctricas e instalaciones de petróleo y gas. Además, podría obstaculizar que futuras administraciones elaboren nuevas regulaciones, ya que tendrían que reiniciar el proceso científico y legal para justificar un nuevo fallo sobre el peligro de los gases contaminantes.
Grupos ecologistas anticipan que impugnarán la decisión en los tribunales. Hasta la fecha, los tribunales federales han rechazado intentos previos de anular la conclusión de peligro, incluida una sentencia de 2023 del Tribunal de Apelaciones del Distrito de Columbia.
