La Haya, Países Bajos — La Corte Penal Internacional (CPI) decidió abandonar la investigación sobre si las sanciones impuestas por Estados Unidos a Venezuela podían considerarse crímenes contra la humanidad, informaron los fiscales este jueves.
Venezuela había solicitado en 2020 que la CPI examinara lo que describió como “medidas coercitivas ilegales”, argumentando que la congelación de activos y las restricciones de viaje a funcionarios venezolanos —impuestas por primera vez bajo la presidencia de Barack Obama— habían generado “sufrimiento generalizado”.
Tras un análisis preliminar, la fiscalía descartó continuar el caso al concluir que no existían pruebas suficientes. En su comunicado, explicó que, aunque las sanciones pudieron haber agravado una situación humanitaria ya crítica, no se halló evidencia de la “intención necesaria” para presentar cargos penales.
El tribunal destacó que el cierre de la investigación no guarda relación con los hechos ocurridos en enero de 2026, cuando fuerzas estadounidenses capturaron al presidente venezolano Nicolás Maduro y a su esposa durante una operación militar relámpago. Estados Unidos también ha ejecutado ataques contra embarcaciones que, según alegó, transportaban drogas desde Venezuela.
La revisión de las sanciones es independiente del proceso que la CPI mantiene sobre presuntos delitos cometidos por fuerzas de seguridad venezolanas durante la represión de las protestas antigubernamentales de 2017.
El año pasado, los jueces de apelación ordenaron al fiscal jefe Karim Khan apartarse de la investigación sobre Venezuela debido a un posible conflicto de intereses, pues su cuñada, la abogada internacional Venkateswari Alagendra, ha formado parte del equipo legal que representa al gobierno de Maduro. Khan se encuentra actualmente de licencia mientras enfrenta una investigación por acusaciones de conducta sexual inapropiada.
En paralelo, la fiscalía anunció que continuará una pesquisa sobre presuntos crímenes de lesa humanidad en Bielorrusia. Lituania solicitó en 2024 que la CPI iniciara esta investigación, alegando que las autoridades bielorrusas, encabezadas por el presidente Alexander Lukashenko, reprimieron con dureza a la oposición y forzaron a disidentes a cruzar la frontera. Lituania, miembro del tribunal, sostiene que estos hechos otorgan jurisdicción a la CPI.
La decisión podría abrir la puerta a procesamientos contra Lukashenko y otros funcionarios bielorrusos. La líder opositora en el exilio, Sviatlana Tsikhanouskaya, celebró la medida: “Esta decisión devuelve la esperanza de que prevalezca la justicia, que los responsables rindan cuentas y que las víctimas reciban por fin verdad y justicia”, declaró a The Associated Press.
