Nashville – Los abogados de Kilmar Ábrego García intentarán convencer este jueves a un juez federal de Tennessee de que desestime los cargos de contrabando de personas que enfrenta.
Ábrego García sostiene que el proceso penal en su contra tiene un carácter vengativo y fue impulsado por funcionarios de la administración del presidente Donald Trump, quienes —según su defensa— buscan castigarlo después de que una decisión judicial obligara a traerlo de regreso a Estados Unidos tras una deportación errónea.
Aunque es ciudadano salvadoreño, una orden judicial de 2019 impide que sea deportado a su país de origen, luego de que un juez determinara que corría peligro por amenazas de una pandilla. Ábrego García, de 30 años, emigró ilegalmente a Estados Unidos cuando era adolescente y formó allí una familia con su esposa e hijo, ambos ciudadanos estadounidenses. Durante años residió y trabajó en Maryland bajo la supervisión del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas.
El año pasado, fue deportado a El Salvador, pero el Tribunal Supremo de Estados Unidos dictaminó que la administración Trump debía gestionar su retorno. De vuelta en territorio estadounidense, fue acusado de contrabando de personas, cargo que se originó tras una detención por exceso de velocidad en Tennessee en 2022. Las grabaciones de la cámara corporal de un agente muestran una interacción tranquila entre Ábrego García y la policía, que le permitió continuar su camino con una advertencia, pese a que viajaba con nueve pasajeros.
El juez de distrito Waverly Crenshaw ha reconocido que existen indicios de que la acusación “puede ser vengativa” y señaló que varias declaraciones de funcionarios de la administración Trump “plantean motivos de preocupación”. Entre ellas, citó declaraciones del vicefiscal general Todd Blanche, quien habría insinuado que el Departamento de Justicia decidió presentar cargos tras la victoria judicial de Ábrego García en su caso de deportación.
Durante meses, los abogados defensores y los fiscales han debatido si funcionarios como Blanche deberán testificar en la vista y qué correos electrónicos deberán divulgarse desde el Departamento de Justicia. Rob McGuire, fiscal federal adjunto del distrito central de Tennessee, aseguró que fue él quien tomó la decisión de presentar la acusación, por lo que los motivos de otros funcionarios serían irrelevantes.
Esta historia fue traducida del inglés y revisada por un editor antes de su publicación.
