La jefa de la Administración de Servicios Generales (ASG), Karla Mercado Rivera, defendió la fiscalización que realiza su agencia sobre la empresa Deloitte, contratista del sistema gubernamental Enterprise Resource Planning (ERP), en medio de un intercambio público con el secretario de la Gobernación, Francisco Domenech.
Mercado Rivera rechazó las declaraciones de Domenech, quien la acusó de obstaculizar la implementación del ERP, una plataforma destinada a integrar los sistemas financieros, presupuestarios y administrativos del gobierno. “La ASG siempre ha hecho lo que le corresponde: fiscalizar que el contratista cumpla. Es bien peligroso decir que fiscalizar los trabajos de un contratista es entorpecer”, expresó la funcionaria a su salida de una vista pública en el Senado.
El 23 de abril, Domenech reiteró que la ASG se opone a la implantación del sistema y ha intentado cancelar el contrato de Deloitte “en múltiples ocasiones y de diversas maneras”. Además, aseguró haber escuchado que la firma MZLS, del abogado Anthony Maceira —esposo de Mercado Rivera—, cabildeaba para cancelar el acuerdo. La titular de la ASG negó que exista un proceso formal de cancelación. “Documentar incumplimientos no es lo mismo que buscar la cancelación de un contrato”, recalcó.
Mercado Rivera advirtió que uno de los mayores retos de la implantación del ERP, prevista para enero de 2027, es que podría eliminar la plataforma de compras J.E.D.I., lo que reduciría la transparencia en los procesos de adquisición del Estado. “Nuestro sistema actual garantiza que las compras sean públicas. Exigimos que el nuevo sistema mantenga esa visibilidad”, puntualizó.
La funcionaria también explicó que la absorción total de J.E.D.I. dentro del ERP, decidida por la Subsecretaría de la Gobernación dirigida por Itza García, supone riesgos significativos. Agregó que esa decisión impactaría la herramienta de transparencia disponible en el portal de ASG, la principal fuente oficial de datos abiertos sobre el gasto público. “Nunca vamos a claudicar en que las compras sigan siendo públicas”, afirmó.
Por otro lado, advirtió que los recortes presupuestarios propuestos para el próximo año fiscal, que inicia el 1 de julio, pondrían en riesgo la ejecución del ERP, el reclutamiento de personal de compras y la instalación de dispositivos GSP en más de 9,000 vehículos oficiales. El presupuesto vigente del Fondo General asciende a $24,708 millones, mientras que el gasto sugerido para el próximo año es de $17,862 millones. La ASG solicitó $30,089 millones.
“Estos recortes comprometen avances en ahorro de combustible, seguridad vial y buen uso de la flota”, subrayó Mercado Rivera.
