El Departamento de Justicia informó este martes la culminación de 229 casos evaluados por la División de Integridad Pública y Asuntos del Contralor (DIPAC), pero advirtió al Senado de Puerto Rico que no entregará las órdenes de cierre ni los informes fiscales, al sostener que se trata de documentos protegidos por la jurisprudencia vigente.
La subsecretaria de Justicia, Annette Esteves Serrano, explicó mediante comunicado que las órdenes de cierre y los informes no son de libre divulgación, pues constituyen el núcleo del trabajo del Ministerio Público y forman parte de un proceso deliberativo interno. A su juicio, permitir el acceso a estos documentos expondría estrategias legales y evaluaciones de evidencia, lo que afectaría la efectividad de futuras investigaciones y de casos activos.
Según Esteves Serrano, los cierres ocurrieron entre junio de 2025 y abril de 2026, tras la firma de la Orden Administrativa 2025-09, del 3 de septiembre del año anterior, que ordenó revisar las pesquisas de integridad pública con más de dos años de antigüedad. “Hay que ser responsables para que la rendición de cuentas no vulnere el debido proceso de ley ni las protecciones que cobijan el sumario fiscal”, subrayó.
Entre los casos cerrados se encuentra la investigación iniciada en 2022 sobre Suzanne Roig Fuertes, secretaria del Departamento de la Familia, por presuntas irregularidades mientras ocupaba un cargo gerencial en el Departamento de Salud. Ante denuncias de mal manejo en ese caso, el portavoz del Partido Popular Democrático en el Senado, Luis Javier Hernández, solicitó a Justicia el listado de los casos cerrados conforme a la orden administrativa, así como copia de cada orden de cierre y archivo.
No obstante, Esteves Serrano reiteró que los informes son documentos “predecisionales” protegidos por ley y que su divulgación atentaría contra la privacidad de testigos y de personas contra quienes no se halló causa. Agregó que las reglas de evidencia también resguardan los análisis legales y las interpretaciones de prueba de los fiscales.
“En Justicia, continuaremos colaborando con el Senado de Puerto Rico y proveyendo toda la información estadística que certifique nuestra gestión, pero cumpliremos con nuestra obligación de proteger las garantías procesales y los derechos de los ciudadanos”, concluyó la funcionaria.
