El Departamento de Justicia recomendó este viernes la designación de un Fiscal Especial Independiente (FEI) para la exsecretaria del Departamento de la Vivienda, Ciary Pérez Peña, tras una denuncia sobre presuntas irregularidades en un centro de inspección y venta de marbetes que le pertenecía en Yabucoa.
“A base de dichos hallazgos, el Departamento de Justicia concluyó que existe causa suficiente para creer que la exsecretaria Ciary Y. Pérez Peña pudo haber incurrido en conducta constitutiva del delito de influencia indebida, tipificado en el Artículo 261 del Código Penal de Puerto Rico, así como en posibles violaciones a la Ley de Ética Gubernamental”, indicó la agencia en un comunicado.
La recomendación ocurre un mes después de que el Ministerio Público solicitara una prórroga de 90 días para continuar su investigación preliminar en la División de Integridad Pública y Oficina de Asuntos del Contralor (DIPAC). La Ley del FEI permite dichas extensiones cuando se establece “causa para investigar”.
La investigación de la DIPAC se enfoca exclusivamente en los señalamientos contra Pérez Peña, antes y durante su gestión en la Vivienda, aclaró la directora de la dependencia, Sonia Martínez.
La pesquisa —relacionada con posibles violaciones al Código Anticorrupción— inició tras un referido de los representantes populares Ramón Torres y Swanny Vargas, y la declaración jurada de Arturo Deliz Vélez, exdirector de Investigaciones e Inspección del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP).
El pasado 13 de marzo, El Nuevo Día confirmó la renuncia de Pérez Peña como secretaria de la Vivienda, luego de semanas de controversias públicas. Tras su salida, el licenciado Luis Augusto Martínez asumió de forma interina y posteriormente fue nominado para ocupar el puesto en propiedad.
En su carta de renuncia dirigida a la gobernadora Jenniffer González, a quien llamó “amiga”, Pérez Peña expresó: “Renuncio con la cabeza en alto por el trabajo realizado y por el compromiso que siempre guio nuestras acciones en beneficio del pueblo de Puerto Rico. No obstante, comprendo las distracciones que han provocado las recientes acusaciones falsas y malintencionadas contra mí y contra mi familia, por lo que no puedo permitir que las mismas minimicen la gestión, avances y logros de su administración”.
Según trascendió, la investigación incluye la declaración jurada de Deliz Vélez, además de otros documentos y testimonios destinados a confirmar si las alegaciones constituyen delitos en perjuicio de la función pública. Entre los posibles entrevistados figuran funcionarios del DTOP.
Se espera que el Panel sobre el Fiscal Especial Independiente evalúe la recomendación de Justicia en los próximos días.
