El Departamento de Justicia recomendó este viernes asignar un Fiscal Especial Independiente (FEI) a la exsecretaria del Departamento de la Vivienda, Ciary Pérez Peña, tras una denuncia por presuntas irregularidades relacionadas con un centro de inspección y venta de marbetes en Yabucoa, del cual era dueña.
En un comunicado de prensa, la agencia indicó: “A base de dichos hallazgos, el Departamento de Justicia concluyó que existe causa suficiente para creer que la exsecretaria Ciary Y. Pérez Peña pudo haber incurrido en conducta constitutiva del delito de influencia indebida, tipificado en el Artículo 261 del Código Penal de Puerto Rico, así como en posibles violaciones a la Ley de Ética Gubernamental”.
La determinación ocurre un mes después de que el Ministerio Público solicitara 90 días adicionales para proseguir con su pesquisa preliminar en la División de Integridad Pública y Oficina de Asuntos del Contralor (DIPAC), una extensión permitida por la Ley del FEI cuando hay “causa para investigar”.
La investigación de la DIPAC se enfoca únicamente en los señalamientos contra Pérez Peña, tanto antes como durante su incumbencia en Vivienda. No abarca otros centros de inspección, según explicó la directora de la dependencia, Sonia Martínez.
El proceso, que también considera posibles violaciones al Código Anticorrupción, se originó tras un referido de los representantes populares Ramón Torres y Swanny Vargas, y una declaración jurada de Arturo Deliz Vélez, exdirector de Investigaciones e Inspección del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP).
Pérez Peña presentó su renuncia el 13 de marzo, en medio de controversias relacionadas con el caso. Tras su salida, el licenciado Luis Augusto Martínez fue designado como secretario interino de la Vivienda y luego nominado para el puesto en propiedad.
En su carta de renuncia dirigida a la gobernadora Jenniffer González, a quien llamó “amiga”, Pérez Peña expresó: “Renuncio con la cabeza en alto por el trabajo realizado y por el compromiso que siempre guio nuestras acciones en beneficio del pueblo de Puerto Rico. No obstante, comprendo las distracciones que han provocado las recientes acusaciones falsas y malintencionadas contra mí y contra mi familia, por lo que no puedo permitir que las mismas minimicen la gestión, avances y logros de su administración”.
La pesquisa incluye la declaración jurada de Deliz Vélez, así como otra evidencia documental y testifical destinada a determinar si las alegaciones podrían constituir delitos relacionados con la función pública. Entre los testigos potenciales figuran funcionarios del DTOP.
