El Departamento de Justicia recomendó este viernes asignar un Fiscal Especial Independiente (FEI) a la exsecretaria del Departamento de la Vivienda, Ciary Pérez Peña, por una denuncia relacionada con presuntas irregularidades en un centro de inspección y venta de marbetes del que era dueña, en Yabucoa.
“A base de dichos hallazgos, el Departamento de Justicia concluyó que existe causa suficiente para creer que la exsecretaria Ciary Y. Pérez Peña pudo haber incurrido en conducta constitutiva del delito de influencia indebida, tipificado en el Artículo 261 del Código Penal de Puerto Rico, así como en posibles violaciones a la Ley de Ética Gubernamental”, informó la agencia mediante comunicado.
La decisión se produce un mes después de que el Ministerio Público solicitara una extensión de 90 días para continuar la investigación preliminar en la División de Integridad Pública y Oficina de Asuntos del Contralor (DIPAC). La Ley del FEI permite dicha prórroga cuando se determina causa para investigar.
La pesquisa de la DIPAC se enfoca en los señalamientos contra Pérez Peña tanto antes como durante su gestión como secretaria de la Vivienda, y no incluye otros centros de inspección. Así lo explicó la directora de la DIPAC, Sonia Martínez.
La investigación, relacionada con posibles violaciones al Código Anticorrupción, se originó a raíz de un referido de los representantes populares Ramón Torres y Swanny Vargas, además de una declaración jurada de Arturo Deliz Vélez, exdirector de Investigaciones e Inspección del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP).
El 13 de marzo, tras semanas de controversias, El Nuevo Día confirmó la renuncia de Pérez Peña a la secretaría de Vivienda. Tras su salida, el licenciado Luis Augusto Martínez asumió la dirección interina del Departamento, y posteriormente fue nominado oficialmente para ocupar el cargo.
En su carta de dimisión a la gobernadora Jenniffer González, Pérez Peña afirmó: “Renuncio con la cabeza en alto por el trabajo realizado y por el compromiso que siempre guio nuestras acciones en beneficio del pueblo de Puerto Rico. No obstante, comprendo las distracciones que han provocado las recientes acusaciones falsas y malintencionadas contra mí y contra mi familia, por lo que no puedo permitir que las mismas minimicen la gestión, avances y logros de su administración”, expresó, describiendo a la mandataria como “amiga”.
La investigación incluye la declaración jurada de Deliz Vélez y otra evidencia documental y testifical para determinar si las alegaciones podrían constituir delitos relacionados con la función pública. Entre los posibles entrevistados figuran funcionarios del DTOP.
