El Departamento de Justicia notificó a la familia del biólogo asesinado Roberto Viqueira que no apelará el fallo absolutorio emitido el mes pasado por el juez superior Ángel Llavona Folguera, del Tribunal de Ponce, a favor del enfermero Eduardo Meléndez Velázquez. La determinación, que ya se había anticipado en febrero, fue comunicada mediante una carta recibida por la viuda de Viqueira, Moshayra Vicente Cruz, en la tarde del domingo.
“Luego de un exhaustivo examen de los documentos, le informamos que nos reiteramos en lo conversado con usted en la reunión que sostuviéramos en la sede del Departamento de Justicia. En particular, nos referimos a las normas constitucionales que impiden la presentación de un recurso ante el Tribunal de Apelaciones”, señala la misiva firmada por la secretaria de Justicia, Lourdes Gómez; el procurador general, Omar Andino; y el jefe de fiscales, Juan Ramos García.
Vicente Cruz explicó a El Nuevo Día que el argumento de la carta era el mismo expuesto por funcionarios de Justicia en su encuentro previo: la Constitución impide que una persona sea enjuiciada más de una vez por el mismo delito, lo que se conoce como doble exposición. Según relató, se le indicó que la agencia había analizado la jurisprudencia federal y estatal y concluyó que apelarlo podría activar esa garantía constitucional. “Para nosotros, eso no fue una respuesta”, expresó, al añadir que “el Estado ha demostrado una inacción que a todas luces nos demuestra que hay una incapacidad para hacer valer la justicia por parte de los tribunales”.
La agencia tenía hasta este lunes para presentar una apelación. Sin embargo, optó por no hacerlo, dejando en firme la decisión absolutoria que permitió la liberación de Meléndez Velázquez el pasado 6 de febrero.
Roberto Viqueira Ríos, de 49 años, era director ejecutivo de la organización ambiental Protectores de Cuencas. Murió a causa de varios disparos el 15 de julio de 2025, durante una disputa con Meléndez Velázquez en la urbanización Estancias de Yidomar, en Yauco. El acusado enfrentaba cargos por asesinato en segundo grado, tentativa de asesinato y violaciones a la Ley de Armas.
Con la no apelación del Departamento de Justicia, el caso queda cerrado judicialmente, mientras la familia del científico lamenta la falta de recursos legales para continuar su búsqueda de justicia.
