La secretaria del Departamento de Justicia, Lourdes Gómez Torres, confirmó que la agencia lleva a cabo una investigación contra Arturo Deliz Vélez, exdirector de Investigaciones e Inspección del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP). La pesquisa es independiente de la que pesa sobre Ciary Pérez Peña, exsecretaria del Departamento de la Vivienda, por presuntas irregularidades en centros de inspección de vehículos.
En una carta dirigida al secretario del DTOP, Edwin González Montalvo, la funcionaria indicó que el caso “se encuentra en etapa investigativa”. El documento, fechado el 10 de abril y recibido en el DTOP el día 13, fue presentado ante la Comisión de Transportación de la Cámara de Representantes, presidida por José “Cheíto” Hernández, que indaga sobre alegados manejos indebidos en la emisión de marbetes.
Deliz Vélez fue quien investigó irregularidades en varios establecimientos, entre ellos Yabucoa Auto Services, propiedad de Pérez Peña hasta noviembre de 2025. Este centro supuestamente emitió más de 1,900 marbetes fraudulentos y recibió una multa de $987,500 que, según se informó, fue transada por $5,000. Pérez Peña renunció a su cargo semanas después del inicio de la controversia.
Hasta el momento, Deliz Vélez había sido identificado como testigo en la investigación sobre Pérez Peña, la cual Justicia refirió al Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (FEI). Su abogado alegó que no compareció a una citación legislativa para evitar violar la confidencialidad de ese proceso. “No nos mencionaron que el señor Deliz estaba siendo investigado por Justicia, no sé si por omisión o porque no lo sabía”, expresó Hernández.
Además, Deliz Vélez mantiene una demanda contra el gobierno por represalias, alegando violaciones a leyes de protección para denunciantes. Reclama $375,000 por daños morales y angustias mentales que, según argumenta, afectaron su entorno personal.
La carta de Justicia, presentada por el secretario asociado del DTOP, Marcos García, detalla que la investigación también evalúa los procesos administrativos aplicables a los centros de inspección, como la imposición de multas, planes de pago y reactivación de estaciones. En el documento se advierte que, aunque existe discreción administrativa en la aplicación de medidas correctivas, hay limitaciones de documentación que impiden reconstruir con precisión algunos procedimientos.
La Comisión cameral indaga, además, el proceso de reducción de multas que habría beneficiado a 68 centros de inspección y si el DTOP refirió las irregularidades a las autoridades. Algunos propietarios alegaron que nunca recibieron copia de los informes de inspección solicitados. A la vista legislativa se excusaron los titulares de Hacienda y del DTOP, pero sí asistió la jefa de la Directoría de Servicios al Conductor (Disco), Mary Fuster.
