Washington – Una agente federal calificó sus heridas como “rasguños”, pero el Departamento de Justicia de Estados Unidos procesó con dureza a Sidney Lori Reid, acusada de agredirla durante una protesta contra las medidas migratorias del presidente Donald Trump. Aunque el gran jurado se negó en tres ocasiones a imputarla por delito grave, la fiscalía insistió y la llevó a juicio por un cargo menor. El jurado la absolvió tras menos de dos horas de deliberación.
Reid relató que temió por su vida al ser arrestada y encarcelada durante dos días, lo que casi le cuesta su empleo y su vivienda. “Me rompió el corazón porque se supone que este es un país justo”, expresó. Su caso ejemplifica el esfuerzo del Departamento de Justicia por enjuiciar a quienes confrontaron a oficiales federales durante protestas contra la política migratoria y los despliegues militares de Trump.
La fiscal general Pam Bondi instruyó a perseguir las agresiones con el “cargo más alto disponible”. Sin embargo, una investigación de The Associated Press sobre 166 casos federales en cuatro ciudades demócratas reveló inconsistencias: más de la mitad de los acusados por delitos graves vieron sus cargos reducidos o desestimados, y todos los procesados que llegaron a juicio fueron absueltos.
Según el mismo análisis, en muchos casos las lesiones a agentes fueron leves o inexistentes, debilitando las acusaciones de agresión grave. Los expertos sostienen que el gobierno ha actuado con exceso y con poco respeto por los derechos de protesta. Mary McCord, exfiscal federal, afirmó que “parece que se intenta frenar las manifestaciones contra las deportaciones masivas”. Otro exfiscal, Randall Eliason, opinó que la administración busca “enviar un mensaje más que procesar delitos serios”.
Pese a las críticas, el Departamento de Justicia reafirmó que seguirá presentando los cargos más severos posibles. La portavoz Natalie Baldassarre advirtió que “no se tolerará ningún tipo de violencia contra los agentes federales”.
El Departamento de Seguridad Nacional reportó 238 agresiones contra empleados de Inmigración y Aduanas durante el segundo mandato de Trump, frente a 19 el año anterior. La administración también intentó desplegar tropas en ciudades como Washington, Los Ángeles, Portland y Chicago, presentando a los manifestantes como presuntos miembros de “antifa”, aunque los registros judiciales revisados por AP no hallaron pruebas de una conspiración organizada ni acusaciones formales de terrorismo doméstico.
Numerosos casos presentados por el gobierno se desmoronaron en los tribunales. En Portland y Chicago, varios acusados por agresión fueron exonerados o vieron sus cargos rebajados tras difundirse vídeos que contradecían las versiones oficiales. En otros ejemplos, como el de Marimar Martínez en Chicago, los fiscales retiraron completamente las acusaciones luego de que pruebas de cámaras corporales mostraran que un agente federal abrió fuego sin justificación.
Expertos legales subrayan que, aunque muchos acusados resultaron absueltos o con cargos reducidos, enfrentaron graves consecuencias personales: gastos legales, cárcel preventiva y pérdida de empleo. También critican que el Departamento de Justicia haya perdido en juicio todos los casos menores que llevó ante jurado, lo que según el abogado Ronald W. Chapman II demuestra la debilidad de las pruebas.
Las decisiones judiciales y la falta de condenas sólidas cuestionan la efectividad del enfoque federal impulsado durante el gobierno de Trump, que buscaba disuadir las protestas contra su política migratoria y los operativos de deportación a gran escala.
