La secretaria del Departamento de Justicia, Lourdes Gómez, anunció que la agencia citará a testigos y examinará documentos que no habían sido considerados para determinar si reabre la investigación criminal contra la secretaria de la Familia, Suzanne Roig Fuertes. La pesquisa había sido archivada a finales de 2025.
“Vamos a evaluar los documentos y entrevistar personas para reevaluar si vamos a reabrir el caso”, expresó Gómez, sin precisar fechas ni a quiénes convocará. Afirmó que el proceso se hará de manera responsable: “Si tenemos prueba adicional, se va a reabrir el caso, pero hay que evaluarlo responsablemente”.
El portavoz del Partido Popular Democrático (PPD) en el Senado, Luis Javier Hernández, reaccionó complacido: “Nos satisface que se vayan a citar personas que puedan aportar, porque era una investigación de tres años sin entrevistar un solo testigo”. En la reunión también participó la portavoz alterna del PPD, Marially González.
Gómez reconoció que la investigación original no incluyó toda la documentación disponible, aunque negó que Justicia “escondiera evidencia” o extrajera documentos del expediente recibido del Departamento de Salud. Sostuvo que se trata de prueba que la agencia “no había tenido ante su consideración”.
Inicialmente, había descartado reabrir la pesquisa y sostuvo que no se omitió ni retiró información del caso. Sin embargo, tras citar a legisladores como testigos, desató críticas del presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, quien calificó la acción como “error” e “intimidación”. Ante esto, la funcionaria canceló las citaciones y convocó a una reunión formal con los senadores.
En la pesquisa original, Justicia concluyó que el contrato de $60,000 mensuales otorgado en 2021, cuando Roig Fuertes dirigía la División de Discapacidad Intelectual del Departamento de Salud, “no era arbitrario” y respondía a la severidad del diagnóstico del paciente. También determinó que no existía evidencia de que impusiera la contratación de la empresa One Source Investigations, vinculada a un allegado.
El caso fue referido en 2022 por el entonces secretario de Salud, Carlos Mellado, y la subsecretaria Marilú Cintrón, y se archivó el 30 de octubre de 2025. Gómez confirmó que esa decisión se basó únicamente en 239 documentos enviados por Salud.
Entre los materiales que ahora se examinarán figura un correo electrónico interno que Roig Fuertes envió a una persona identificada como “Baby”, con condiciones establecidas por Hogar Hacienda Don Luis para el cuidado de un paciente. “Tenemos el correo electrónico, pero no el reenvío al alegado ‘Baby’”, aclaró Gómez.
Tampoco consta en el expediente un informe de Mellado con alegaciones contra Roig Fuertes, ni una demanda de cobro presentada por One Source Investigations en 2022, donde la empresa admitió haber intervenido en el caso.
Hernández reiteró que el Senado mantendrá la vigilancia sobre el proceso: “No dejamos nuestra responsabilidad de continuar insistiendo en que este caso se reabra”.
Además, la Oficina de Ética Gubernamental mantiene una investigación contra Roig Fuertes por posibles violaciones a la Ley de Ética Gubernamental, relacionadas con el supuesto favorecimiento de un contrato. También sigue pendiente un referido a Justicia por posible perjurio durante su proceso de nombramiento.
