El Departamento de Justicia (DJ) descartó este jueves iniciar una investigación preliminar contra la secretaria de la Familia, Suzanne Roig Fuertes, por presunto perjurio. La decisión responde a una querella presentada por el portavoz del Partido Popular Democrático (PPD) en el Senado, Luis Javier Hernández.
Según Justicia, también se descartó reabrir el caso anterior relacionado con un contrato de $60,000 mensuales otorgado a un hogar de cuidado, supuestamente condicionado a la subcontratación de una empresa de seguridad vinculada a un allegado de Roig Fuertes. Los hechos se remontan al pasado cuatrienio, cuando la funcionaria dirigía la División de Servicios para las Personas con Discapacidad Intelectual del Departamento de Salud.
La querella de Hernández se basó en la sospecha de que Roig Fuertes pudo haber mentido al Senado durante su vista de confirmación, al asegurar que no conocía de investigación alguna en su contra. Justicia concluyó, sin embargo, que no existe prueba de que la secretaria haya sido notificada como investigada, sospechosa ni persona de interés en ningún procedimiento administrativo o penal.
El comunicado de la agencia, divulgado la noche del jueves poco después del Mensaje de Situación de Estado de la gobernadora Jenniffer González, precisó que Roig Fuertes tampoco fue citada en esa calidad ni existe documentación que contradiga esa versión.
La funcionaria había sido referida en 2022 al Departamento de Justicia por el entonces secretario de Salud, Carlos Mellado, por su presunto vínculo con la concesión del contrato mencionado. No obstante, Justicia señaló que la evidencia adicional entregada por Hernández —incluyendo facturas, correos electrónicos y documentos sobre la empresa One Source Investigations, LLC— no constituye prueba nueva ni altera las determinaciones de la orden de cierre emitida en octubre pasado.
“En consecuencia, no existe base probatoria para recomendar la reapertura de la investigación”, expresó el Departamento. Días antes de esta determinación, Hernández se había reunido con personal de Justicia y del Negociado de Investigaciones Especiales (NIE), mostrando entonces confianza en que se abriría una nueva pesquisa.
