El Departamento de Justicia (DJ) anunció este jueves que no iniciará una investigación preliminar contra la secretaria de la Familia, Suzanne Roig Fuertes, por un presunto caso de perjurio. La querella había sido presentada por el portavoz del Partido Popular Democrático (PPD) en el Senado, Luis Javier Hernández.
La agencia también descartó reabrir el caso relacionado con un contrato de $60,000 mensuales otorgado durante el pasado cuatrienio a un hogar de cuidado vinculado a un allegado de Roig Fuertes, cuando ella dirigía la División de Servicios para las Personas con Discapacidad Intelectual del Departamento de Salud.
Según Justicia, la evidencia revisada muestra que la funcionaria participó en reuniones y rindió una declaración jurada ante Salud, pero los abogados de esa agencia certificaron que no existe constancia de que fuera notificada como investigada, sospechosa o “persona de interés” en ningún procedimiento administrativo o penal.
En un comunicado emitido tras el Mensaje de Situación de Estado de la gobernadora Jenniffer González, se informó que Roig Fuertes no fue citada por el Departamento de Justicia en esa calidad ni existe evidencia de ello en el expediente.
La querella de Hernández alegaba que, durante su proceso de confirmación en el Senado, Roig Fuertes mintió al decir que desconocía de alguna investigación en su contra, a pesar de que había sido referida a Justicia en 2022 por el entonces secretario del Departamento de Salud, Carlos Mellado. El referido estaba vinculado al contrato otorgado al Hogar Hacienda Don Luis, que supuestamente condicionaba su aprobación a la subcontratación de la compañía de seguridad One Source Investigations, relacionada con un allegado de la secretaria.
Roig Fuertes ha sostenido que desconocía la existencia de alguna investigación sobre el caso. Justicia fundamentó su decisión de no reabrir el expediente, archivado desde octubre pasado, en el análisis de “un fiscal sin participación previa” que revisó nueva documentación sometida por el senador Hernández —incluyendo facturas, correos electrónicos y entrevistas— y concluyó que no había prueba nueva que justificara la reapertura del caso.
“En consecuencia, no existe base probatoria para recomendar la reapertura de la investigación”, expresó el Departamento de Justicia en declaraciones escritas.
El lunes, Hernández había manifestado confianza en que la funcionaria sería investigada tras reunirse con personal de Justicia y del Negociado de Investigaciones Especiales (NIE).
