El Departamento de Justicia tiene hasta este viernes, 27 de febrero, para informar a la Oficina del Fiscal Especial Independiente (FEI) si continuará la investigación preliminar que realiza la División de Integridad Pública y Oficina de Asuntos del Contralor (DIPAC) sobre la secretaria del Departamento de la Vivienda, Ciary Pérez Peña.
La secretaria de Justicia, Lourdes Gómez Torres, explicó que la agencia dispone de 15 días desde el 12 de febrero, fecha en que los representantes Ramón Torres y Swanny Vargas, del Partido Popular Democrático (PPD), sometieron el referido de investigación. “Nosotros no tomamos ningún referido livianamente. Vamos a hacer una investigación exhaustiva. Hasta el 27 de febrero tenemos para expresarnos”, indicó.
Gómez Torres aseguró que no ha sostenido comunicación con el secretario del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP), Edwin González Montalvo, quien prepara un informe sobre irregularidades detectadas en un centro de inspección de vehículos y venta de marbetes operado por la familia de Pérez Peña. “En deferencia y respeto a la investigación en curso, no he tenido contacto con el secretario del DTOP”, aclaró.
Además, señaló que tampoco ha dialogado sobre el tema con la gobernadora Jenniffer González. “Sobre este particular no hemos tenido conversación ninguna. Aquí sigue el trámite como debe”, dijo.
La gobernadora ha reiterado su apoyo a Pérez Peña y sostuvo que esperará los resultados del informe del DTOP antes de comentar las alegaciones.
La pesquisa de Justicia responde a posibles violaciones al Código Anticorrupción (Ley 2-2018) tras una querella de los legisladores antes mencionados y una declaración jurada de Arturo Deliz Vélez, exdirector de Investigaciones e Inspección del DTOP. Este funcionario investigó presuntas irregularidades en el Centro de Inspección Yabucoa Auto Services, vinculado a familiares de Pérez Peña.
También trascendió una declaración jurada de la empleada del DTOP, Yashira Silva González, quien alegó que Deliz Vélez tenía animosidad contra Pérez Peña y pretendía “aniquilarla”. Sobre este documento, Gómez Torres señaló que solo lo ha visto en la prensa y no puede especular al respecto: “Si esa declaración jurada fuera parte de la investigación, se evaluará como corresponde”.
La secretaria precisó que la agencia ha recibido dos referidos y adelantó que planean citar a personal como parte de la investigación. Entretanto, González Montalvo informó que el centro de inspección estuvo bajo cierre administrativo de septiembre de 2023 a julio de 2024 por irregularidades en certificados de inspección y que existe evidencia de un pago de $5,000 asociado a ese trámite.
En otro ángulo, Deliz Vélez presentó una demanda contra el DTOP por un alegado patrón de represalias, reclamando $375,000 por daños morales y angustias mentales. González Montalvo negó todas las alegaciones.
Mientras tanto, la secretaria de la Vivienda ha evitado conferencias de prensa y ha limitado sus expresiones públicas a comunicados y una entrevista televisiva.
