El Departamento de Justicia concluyó que el contrato de 60,000 dólares mensuales otorgado en 2021 por la actual secretaria de la Familia, Suzanne Roig Fuertes, para el cuidado de un paciente en un hogar de Vega Alta, no fue arbitrario y respondía a la severidad del diagnóstico del participante.
La agencia determinó que no existía evidencia para concluir que Roig Fuertes impusiera la contratación de la empresa One Source Investigations como condición para otorgar el contrato al Hogar Hacienda San Luis, cuando dirigía la División de Servicios para las Personas con Discapacidad Intelectual del Departamento de Salud.
Estas conclusiones están contenidas en un informe de 16 páginas que Justicia entregó al Senado, en respuesta a una solicitud del presidente Thomas Rivera Schatz. El documento, fechado el 25 de octubre de 2025, señala que la prueba evaluada “no arroja los elementos necesarios” para configurar delitos al amparo de las leyes vigentes.
El caso fue referido originalmente en 2022 por el entonces secretario de Salud, Carlos Mellado, quien alegó posibles violaciones a la Ley de Ética Gubernamental y al Código Penal. Según Mellado, Roig habría utilizado fondos públicos para beneficiar a una empresa privada. También participó en el referido la exsubsecretaria de Salud, Marilú Cintrón.
La investigación determinó que Hacienda Don Luis y la Corporación de Servicios de Amas de Llaves (COSAL) habían tenido dificultades para atender al paciente y que, según correos electrónicos revisados, el propietario del hogar, Eliut Colón, reconoció la necesidad de los servicios de One Source Investigations, destacando su aportación al manejo del caso.
El informe, firmado bajo la dirección de la secretaria de Justicia, Lourdes Gómez, concluyó que lo evaluado “no arroja evidencia de ilegalidad alguna” y que los procesos eran consistentes con los servicios a personas con discapacidad intelectual, supervisados por un monitor federal.
Justicia explicó que el pago mensual de 60,000 dólares incluía cuidadores especializados, gastos del hogar, daños ocasionados por el participante y otros imprevistos. La diferencia con el presupuesto inicial del hogar, de 29,424 dólares, se debía, según el informe, a la inclusión de nuevos puestos —como director y coordinador— y la extensión de horarios de supervisión.
Durante la pesquisa se analizaron 30 documentos, entre ellos declaraciones juradas de las partes, correos electrónicos, contratos y minutas de reuniones. La fiscal a cargo entendió que no era necesario obtener más evidencias ni notificar a las partes, criterio con el que coincidió Justicia.
La agencia concluyó que el Estado no posee prueba alguna que sustente las alegaciones de actos ilegales o delictivos relacionados con Suzanne Roig Fuertes y que los hechos evaluados no configuran delito alguno.
