El Departamento de Justicia activó el domingo el protocolo de feminicidio en la investigación del caso de Rhaisa Odalys Algarín Ruiz, quien fue estrangulada en Nochebuena en Juncos y falleció dos días después en un hospital.
Según las autoridades, Algarín Ruiz fue presuntamente agredida por su pareja de 10 meses, Brian Padilla Román, contra quien se radicaron cargos por violación al Artículo 3.2A de la Ley 54, por maltrato agravado mediante estrangulamiento, sofocación o asfixie.
La secretaria de Justicia, Lourdes Gómez Torres, explicó que este protocolo busca ofrecer una guía general para las investigaciones criminales relacionadas con feminicidios y transfeminicidios. También incorpora la perspectiva de género en las pesquisas de muertes violentas de mujeres y personas trans, garantizando los derechos de las víctimas, sobrevivientes, familiares y testigos.
“Siempre que ocurre un caso de maltrato agravado en una relación de pareja, y más aún en modalidad de estrangulamiento, se activa de manera inmediata el Protocolo para la Investigación de Muertes Violentas de Mujeres y Personas Trans, por razones de Género. En este caso se ordenó activar el protocolo tan pronto el Ministerio Público fue alertado de la llegada de la mujer al hospital, cuando aún no había fallecido”, detalló Gómez Torres.
El sábado, un día después del fallecimiento de Algarín Ruiz, la directora ejecutiva del Observatorio de Equidad de Género, Stephanie Figueroa, exhortó a que el caso se investigue como un feminicidio íntimo. “A la mera sospecha, se tiene que activar el protocolo de feminicidio. Si una mujer fue agredida por su pareja y luego muere, se tiene que activar y hacerlo público”, subrayó.
Por su parte, la abogada Verónica Rivera Torres, portavoz del Movimiento Amplio de Mujeres, destacó la importancia de actuar con prontitud: “Si no se activa a tiempo un protocolo, se vuelve ineficiente. Se debe activar desde el momento en que se piense que pueda pasar. Un buen protocolo da espacio para descartar”. También resaltó que debe darse tiempo a la investigación para determinar si procede la radicación de cargos adicionales por feminicidio, asegurando que la Fiscalía presente un caso sólido con la prueba suficiente.
