San Salvador – Un grupo de juristas internacionales presentó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) un informe que acusa al gobierno del presidente Nayib Bukele de presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos bajo el régimen de excepción vigente en El Salvador desde marzo de 2022. El documento fue entregado durante el 195to periodo de sesiones de la CIDH en Guatemala.
El Grupo Internacional de Expertas y Expertos para la Investigación de Violaciones de Derechos Humanos en el marco del Estado de Excepción en El Salvador (GIPES) afirmó que existen bases razonables para creer que se han cometido encarcelamientos arbitrarios, torturas, asesinatos, desapariciones forzadas, violaciones sexuales y persecución. Según el informe, hasta febrero de 2025 se registraron 540 desapariciones forzadas y al menos 403 muertes en cárceles, incluidas cuatro de menores de edad.
“Hay responsabilidad internacional no solo del Estado salvadoreño, sino también de personas físicas individuales conforme al derecho penal internacional”, indicó el informe.
The Associated Press consultó a la oficina de prensa de Casa Presidencial sobre el documento, pero no hubo comentarios. El gobierno ha negado previamente las acusaciones de abusos, insistiendo en que las medidas han logrado una drástica reducción de homicidios en el país, antes considerado uno de los más violentos del mundo. El vicepresidente Felix Ulloa calificó como “una leyenda” la idea de que las muertes en prisión estén relacionadas con el régimen de excepción.
El GIPES documentó casos de tortura y tratos crueles, como golpizas, descargas eléctricas, violencia sexual, desnudez forzada, falta de alimentos, agua y atención médica. Los expertos concluyeron que los actos fueron “generalizados” y “sistemáticos”.
El informe también denuncia campañas de desprestigio contra periodistas y organizaciones de derechos humanos, catalogadas por altos funcionarios como “enemigos del progreso del pueblo” o “traidores”. Señala además la utilización de vigilancia física y digital y la criminalización del escrutinio ciudadano.
El grupo instó al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas a crear una misión internacional para investigar las violaciones y garantizar justicia a las víctimas. Asimismo, recomendó al gobierno salvadoreño establecer una comisión independiente, con apoyo internacional, para revisar los casos de detenidos, terminar el régimen de excepción y revertir reformas que, a su juicio, vulneran el derecho internacional.
El Congreso salvadoreño decretó el estado de excepción en marzo de 2022, a petición de Bukele, tras un fin de semana en el que fueron asesinadas 62 personas por las pandillas. La medida suspendió garantías como el derecho a conocer los motivos de una detención y a contar con defensa legal, amplió de 72 horas a 15 días los periodos de arresto sin audiencia, y permite la intervención de comunicaciones sin orden judicial.
