Un jurado investigador rechazó por segunda vez en una semana emitir cargos contra la fiscal general de Nueva York, Letitia James, en un nuevo revés para el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ, en inglés) y sus esfuerzos por procesar a adversarios políticos del presidente Donald Trump.
El fallo, ocurrido el jueves en Alexandria, Virginia, refleja un creciente escepticismo público hacia los intentos del gobierno de reactivar una investigación penal que muchos consideran parte de una campaña de represalias. Según fuentes anónimas con conocimiento del caso, los fiscales evalúan si insistir con un tercer intento de acusación formal.
La fiscal James había sido previamente señalada por fraude bancario y declaraciones falsas relacionadas con la compra de una residencia en 2020. Los fiscales alegan que obtuvo condiciones crediticias favorables destinadas a segundas viviendas, mientras la alquilaba como propiedad de inversión. Sin embargo, un juez desestimó la acusación original en noviembre tras determinar que la fiscal que presentó el caso, Lindsey Halligan, fue nombrada de manera ilegal como fiscal federal del Distrito Este de Virginia.
Los abogados de James describieron el proceso como una persecución política. “Este rechazo sin precedentes deja claro que este caso nunca debió haber visto la luz del día”, señaló su defensor Abbe Lowell, quien añadió que el caso “ya es una mancha en la reputación del Departamento y plantea dudas sobre su integridad”.
James, demócrata, enfrenta tensiones con Trump desde que demandó al entonces mandatario por supuestamente falsear el valor de sus activos. Los abogados de la fiscal aseguran que la acusación responde al deseo del presidente de castigarla por años de investigaciones en su contra. Halligan, exabogada de Trump y sin experiencia previa en el cargo, asumió como fiscal federal en medio de la presión del gobierno para actuar contra los opositores del presidente, incluido el exdirector del FBI, James Comey.
El juez federal Cameron McGowan Currie eliminó los cargos el mes pasado pero sin prejuicio, lo que permite al DOJ intentar de nuevo. Halligan fue designada tras la renuncia del fiscal Erik Siebert, quien abandonó el puesto después de que Trump exigiera públicamente su salida.
La Casa Blanca continúa impulsando el proceso de confirmación formal de Halligan ante el Senado, aunque con dificultades procedimentales. En paralelo, el DOJ sigue intentando reabrir un caso contra Comey, mientras una jueza federal limitó el acceso a documentos clave en esa investigación.
El doble rechazo del jurado se interpreta como un duro golpe político y jurídico para el Departamento de Justicia, al subrayar la falta de respaldo para sus acusaciones y las dudas crecientes sobre la motivación detrás de ellas.
