La Junta de Supervisión Fiscal (JSF) advirtió al gobierno electo que no debe aplicar la Ley 111-2025, firmada por la gobernadora Jenniffer González en julio, por considerar que contradice el plan fiscal certificado. La medida define plazos para que el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) y otras agencias emitan recomendaciones sobre permisos de construcción y uso.
El director ejecutivo de la JSF, Robert Mujica, señaló que la ley es inconsistente con las políticas del plan fiscal al incluir al DRNA en procesos que deben recaer exclusivamente en la Oficina de Gerencia y Permisos (OGPe) y al otorgarle funciones “independientes y paralelas” relacionadas con los recursos naturales del gobierno. “Esta acción contradice directamente la intención del plan fiscal revisado de 2024 del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de centralizar todos los procesos de permisos en OGPe”, subrayó Mujica en una carta enviada a la gobernadora, al presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, y al líder de la Cámara de Representantes, Carlos “Johnny” Méndez.
La Ley 111 dispone que la OGPe podrá extender por hasta 30 días el plazo para que agencias o municipios emitan sus comentarios sobre proyectos de “mayor complejidad” y modifica la ley orgánica del DRNA para añadir como deberes del secretario asesorar y orientar a la OGPe y a los municipios en el proceso de evaluación de permisos. También exige a ambas agencias ajustar sus reglamentos, pero la JSF sostiene que ese tipo de cambios debe realizarse solo mediante el Reglamento Conjunto de Permisos administrado por la Junta de Planificación. Mujica advirtió que este proceso implicaría gastos no previstos en el plan fiscal.
La carta también alerta que la Ley 111 no define qué constituye un caso de “mayor complejidad”, lo que, según Mujica, podría hacer que la extensión de 30 días se convierta en una práctica habitual. Además, la JSF pidió enmendar el lenguaje de la Ley 23-1972, que creó el DRNA, para sustituir la palabra “permisos” por “autorizaciones” en los apartados que refieren a proyectos en la zona marítimo terrestre, con el fin de dejar clara la autoridad exclusiva de OGPe en ese renglón y evitar duplicidad de funciones.
El DRNA, por su parte, históricamente ha otorgado “concesiones” para estructuras costeras como muelles, villas pesqueras o instalaciones de investigación. Este poder ha sido cuestionado recientemente, tras un proyecto impulsado por la administración de González que busca extender concesiones a largo plazo para residencias construidas en La Parguera, Lajas, donde los suegros de la mandataria poseen una casa investigada por agencias estatales y federales.
