La Junta de Retiro del Gobierno de Puerto Rico iniciará acciones contra 1,012 tutores de pensionados públicos que no presentaron el informe de gastos correspondiente al año 2024, según confirmó el director ejecutivo de la agencia, Arnaldo Ortiz.
Ortiz explicó que, vencidos los plazos y prórrogas concedidos para entregar el documento, la Junta acudirá a los foros y agencias pertinentes en busca de respuestas. “No me queda de otra que, cumpliendo con la política pública de este gobierno, ir detrás de esos 1,012 tutores que incumplieron con esa obligación y las consecuencias que surgen de eso”, expresó durante la sesión bisemanal de “En Récord”, en La Fortaleza.
El funcionario precisó que, al asumir su cargo en abril, el número de tutores morosos alcanzaba los 2,500, de un total de 4,000. El informe debe rendirse anualmente antes del 31 de enero. Este año, indicó, se permitió someter el documento tanto por vía electrónica como física debido a que era la primera vez que se establecía un sistema digital y no todos los tutores cuentan con acceso a internet.
Ortiz explicó que la designación de un tutor ocurre cuando un pensionado, por razones de salud física o mental, no puede administrar sus propios fondos. Por ley, los tutores deben manejar el dinero con prudencia y destinarlo a las necesidades esenciales del pensionado, como alimentos, vivienda, medicinas, servicios básicos y deudas previamente adquiridas. Además, deben mantener en ahorro cualquier sobrante y entregar el informe anual a la Junta. Este trabajo no conlleva compensación económica.
El director ejecutivo advirtió que quienes continúen en incumplimiento podrían ser destituidos y enfrentar consecuencias penales. “Ante el incumplimiento de su deber legal, eso abre las puertas para creer que hay que ir más allá, sin duda alguna”, subrayó.
Ortiz recordó que recientemente se aprobó la Ley 118-2025, que amplía la jurisdicción del Negociado de Investigaciones Especiales (NIE) para intervenir en casos de explotación financiera de adultos mayores, una medida que busca fortalecer la protección de los pensionados más vulnerables del país.
