La Junta de Planificación (JP) determinó que la Cantera Adjuntas expandió ilegalmente su operación hacia tres terrenos colindantes clasificados como suelos rústicos especialmente protegidos ecológicos. En una resolución del 24 de febrero, la JP concedió 20 días a su dueño, Rafael Vélez Andújar, para explicar por qué no debe ser sancionado.
El inspector Omar Maldonado Battistini constató, durante una inspección el 2 de septiembre, la ausencia de consulta de ubicación para la reapertura y del permiso requerido para ampliar la operación. La JP le atribuye violaciones a cuatro disposiciones legales y advirtió que podría imponer una multa de $10,000, además de acudir al Tribunal de Primera Instancia para solicitar el cese de obras y otras penalidades.
Según la notificación, Vélez Andújar ha operado más allá de la parcela con número de catastro 266-000-009-17-000, única autorizada para ese uso. Vecinos de los barrios Vegas Arriba y Saltillo han denunciado por años afectaciones de salud, daños estructurales y problemas de acceso a agua potable, mientras que la Oficina de Gerencia de Permisos confirmó que la cantera tiene autorización para operar hasta, al menos, 2029.
El director ejecutivo de Casa Pueblo, Arturo Massol Deyá, celebró la determinación al señalar que esta confirma los reclamos comunitarios. Citó un análisis del geógrafo Víctor Cuadrado, según el cual la cantera ocupa 23 cuerdas, de las cuales solo cinco están dentro del área autorizada. Esto representa, dijo, una expansión ilegal del 78% en terrenos previamente boscosos.
Massol recordó que una ordenanza municipal que buscaba legalizar la expansión fue revertida por el alcalde José Hiram Soto Rivera. “Se cometieron violaciones a reglamentos, leyes y permisos, así como acciones temerarias por parte del dueño de la cantera”, expresó.
La JP podría además imponer honorarios legales y costas. El caso también tiene un componente penal: en diciembre, la jueza Nadja Banuchi Ramos encontró causa probable contra Vélez Andújar por tentativa de asesinato, daño agravado, amenaza y daños. La vista preliminar está pautada para el 10 de marzo en el Tribunal de Utuado.
“Este dictamen es un avance contundente, pero no el final de la lucha. Los continuos atropellos y violaciones de ley nos demuestran que no podemos confiarnos”, sostuvo Juan Carlos Negrón Miró, portavoz de la comunidad, al destacar la solidaridad como clave para mantener la vigilancia ciudadana.
La Cantera Adjuntas, antes Adjuntas Aggregates, está registrada desde 1986 en la Administración federal de Seguridad y Salud en Minas. Sus materiales se usan en construcción de carreteras y obras de infraestructura, una actividad que ha generado debate entre desarrollo económico y protección ambiental.
