El banquero venezolano Julio Herrera Velutini, coacusado en el caso federal contra la exgobernadora Wanda Vázquez Garced, solicitó nuevamente posponer su vista de sentencia, prevista para el 29 de enero ante el Tribunal federal.
Según una moción de cinco páginas presentada por su abogada Sonia Torres Pabón, defensa de Herrera Velutini y propietario de Bancrédito International Bank & Trust Corporation, el pedido busca extender el plazo para presentar objeciones al informe presentencia (PSR, por sus siglas en inglés) y reprogramar la vista para febrero. La petición fue dirigida a la jueza de distrito Silvia Carreño Coll.
El documento señala que, a pesar de los esfuerzos del equipo legal, el abogado del acusado y el oficial de probatoria no han podido reunirse para cumplir con la consulta requerida por la Regla Penal Local 132(b)(3)(A). Dicha norma regula el proceso previo a la sentencia tras una declaración de culpabilidad, incluyendo la preparación, revisión y discusión del PSR.
La defensa argumentó que el informe plantea asuntos significativos de carácter fáctico, legal y constitucional que deben discutirse a fondo antes de ser sometidos al tribunal. Por eso solicitaron un aplazamiento de al menos dos semanas para completar la consulta informal, revisar cualquier adenda y presentar el memorando de sentencia.
La moción explica que el 3 de diciembre de 2025 se aprobó una solicitud conjunta para mover la vista a enero de 2026, pero el PSR no se entregó hasta el 22 de diciembre. Tras recibirlo, la defensa presentó objeciones el 5 de enero e intentó coordinar una reunión, sin éxito. El oficial de probatoria estaba fuera de la oficina y no respondió hasta el 15 de enero, sin fijar la reunión requerida.
El equipo legal insistió en que sin ese encuentro no puede completarse el proceso estipulado por la Regla Local 132, y advirtió que el poco tiempo restante haría imposible evaluar adecuadamente las respuestas del oficial. Además, recordó que tanto Vázquez Garced como el exagente del Negociado Federal de Investigaciones (FBI), Mark Rossini, también han presentado objeciones a sus respectivos informes presentencia.
El caso federal se inició en agosto de 2022 cuando un gran jurado acusó a Vázquez Garced, Herrera Velutini y Rossini por conspiración, soborno en programas federales y fraude electrónico por servicios honestos. Las autoridades alegaron que la exgobernadora sustituyó al jefe de la OCIF, George Joyner, por una persona favorecida por Herrera Velutini a cambio de aportaciones políticas durante su campaña primarista.
Tras un acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, los cargos iniciales fueron archivados y se presentó una nueva acusación por violación a la Ley Federal de Campañas Electorales (FECA). Los tres se declararon culpables en agosto de 2025 y esperan ser sentenciados. También colaboran con las autoridades Frances Díaz, exejecutiva de Bancrédito, y John Blakeman, exasesor político de Vázquez Garced, quienes aún no han sido condenados.
