El juicio federal contra Edwin Yadiel Flores Tavárez, acusado por el secuestro y asesinato de las adolescentes Tanaisha Michelle de Jesús Curet, de 15 años, y Nahia Paola Ramos López, de 13, en Piñones, podría celebrarse entre octubre de 2027 y marzo de 2028, según los calendarios sometidos por la Fiscalía federal y la defensa.
El caso, presidido por la jueza de distrito federal Camille L. Vélez Rivé, es el único activo en Puerto Rico donde se contempla la pena de muerte. Flores Tavárez enfrenta una acusación por secuestro con resultado de muerte, delito que lo hace elegible para la pena capital bajo el Código de los Estados Unidos.
El fiscal federal Julian N. Radzinschi propuso comenzar el juicio el 4 de octubre de 2027, mientras que la abogada defensora, Lydia Lizarríbar Masini, solicitó que la selección del jurado inicie el 6 de marzo de 2028. Según documentos judiciales, las partes no lograron consenso sobre las fechas.
Radzinschi argumentó que su propuesta garantiza una resolución sin demoras indebidas y responde al interés de las víctimas, sus familias y la comunidad. Su calendario contempla que, de ser necesario, la fase de pena de muerte comience en la semana siguiente a un posible veredicto de culpabilidad.
Por su parte, Lizarríbar Masini alegó que la Fiscalía cambió su postura a última hora y presentó su propio calendario, pese a que existía, según dijo, un acuerdo preliminar. La abogada afirmó que el caso requiere más tiempo por su complejidad y porque los Estados Unidos buscan imponer la pena de muerte “contra un hombre joven”. Solicitó plazo hasta el 8 de mayo para oponerse formalmente a la propuesta del gobierno.
La jueza Vélez Rivé acogió su pedido y dejó en suspenso ambas mociones, permitiendo que la defensa presente su respuesta antes de decidir sobre las fechas finales.
El expediente consigna que el 14 de noviembre de 2025, la Fiscalía notificó su intención de solicitar la pena de muerte contra Flores Tavárez, aduciendo que los hechos delictivos son de tal gravedad que justifican esa sanción. En cambio, el 6 de enero de 2025, el gobierno federal desistió de procurarla contra el coacusado José Martínez Serrano, sin explicar las razones.
Según la investigación, el 25 de julio de 2023 ambos hombres secuestraron y asesinaron a las menores dentro de una guagua Toyota Tacoma 2018 color anaranjado, robada días antes mediante “carjacking” en Ponce. El crimen estremeció al país y generó múltiples expresiones públicas de las familias en reclamo de justicia.
Este proceso judicial sigue siendo observado con atención, ya que Puerto Rico mantiene una postura abolicionista desde el ámbito local, pero la ley federal continúa permitiendo la pena de muerte en determinadas circunstancias.
