La jueza federal Laura Taylor Swain estableció un calendario que se extenderá hasta febrero de 2026 para que las partes argumenten cuál tribunal debe atender las demandas del gobierno destinadas a anular el contrato con LUMA Energy.
Con su orden, la jueza adoptó una postura similar a la de la administración de Jenniffer González al separar la discusión sobre la jurisdicción de los demás asuntos en controversia. Los plazos fijados quedaron a medio camino entre los solicitados por el gobierno y los propuestos por LUMA en una moción conjunta presentada el lunes.
Swain ordenó que las mociones para devolver los casos al tribunal estatal —como favorece el gobierno— se presenten a más tardar el 12 de enero de 2026. Las oposiciones deberán radicarse el 2 de febrero y las réplicas, el 16 de febrero. Además, indicó que LUMA tendrá 21 días para responder a las demandas luego de que el tribunal decida sobre las mociones o, si no se presentan, hasta el 2 de febrero de 2026. La jueza designó a la magistrada Judith Dein, quien la asiste en los procesos del Título III bajo la ley Promesa, para manejar los procedimientos.
El 11 de diciembre, la Autoridad para las Alianzas Público Privadas (AAPP) y la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) demandaron en el Tribunal de Primera Instancia de San Juan en busca de anular el contrato de LUMA y obtener un interdicto que obligara al consorcio a entregar información para una posible transición administrativa. LUMA trasladó el caso al tribunal de Swain el 16 de diciembre. Luego, González presentó otra demanda similar, que LUMA también movió al foro federal, alegando que el contrato está protegido por el Título III.
En una moción conjunta requerida por Swain, la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) respaldó la postura de LUMA de que el caso debe resolverse en el Tribunal Federal. La JSF argumentó que el gobierno parece buscar el regreso del sistema eléctrico a control público, lo que —según alegó— contraviene el plan fiscal de la AEE. Los abogados del gobierno negaron ese planteamiento, asegurando que su objetivo es identificar otro operador privado.
LUMA y la JSF habían propuesto una extensión de los alegatos jurisdiccionales hasta el 9 de marzo y continuar mientras tanto con el descubrimiento de prueba relacionado a las medidas provisionales solicitadas. El gobierno, por su parte, propuso calendarios separados para los reclamos de la gobernadora y de las corporaciones públicas, con fechas límite entre el 17 y 21 de enero. Finalmente, Swain adoptó un solo calendario, aunque aclaró que los casos seguirán tramitándose por separado.
La aprobación del calendario ocurre mientras la JSF insiste en que mantener la operación privada de la red eléctrica es esencial para la reestructuración de la AEE. En su moción, el ente reiteró que no conoce de planes para sustituir a LUMA ni de procesos competitivos iniciados por la AAPP, advirtiendo que devolver las operaciones a la antigua AEE sería inaceptable y contrario a la política pública.
“La continuidad de la gestión privada es central en la reestructuración bajo el Título III”, sostuvo la JSF, que describió el contrato de operación y mantenimiento como “el más importante” para la corporación energética. Por su parte, el gobierno reafirmó que no busca regresar el sistema eléctrico al control público, sino mantener el modelo de alianzas público privadas como base de la transformación energética del país.
Alex Figueroa Cancel colaboró en esta historia.
