Una jueza federal en Oregon emitió una orden judicial preliminar que limita el uso de gas lacrimógeno por parte de agentes federales en las inmediaciones del edificio del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) en Portland. La decisión surge tras una demanda radicada por los residentes de Gray’s Landing, un complejo de viviendas asequibles contiguo al edificio, quienes denunciaron afectaciones por la exposición repetida a las sustancias químicas durante meses de protestas.
La jueza de distrito Amy Baggio dictó la orden después de que, en una audiencia previa, varios vecinos relataran síntomas físicos y emocionales como dificultad para respirar, ardor en los ojos, urticaria, ansiedad y ataques de pánico. Algunos afirmaron que debieron usar máscaras antigás dentro de sus hogares.
Baggio aclaró que el caso no trata sobre los derechos de los manifestantes, sino sobre las denuncias de los inquilinos respecto a que el uso de municiones químicas fue tan excesivo que vulneró sus derechos. “La Corte reconoce que una orden judicial preliminar es un remedio extraordinario, pero este es un caso extraordinario”, escribió la magistrada.
La orden prohíbe el uso de gases o municiones químicas en cantidades que puedan alcanzar el complejo residencial, salvo que exista una amenaza inminente a la vida. Este fallo se suma a otro caso paralelo impulsado por ACLU Oregon, que también busca restricciones al uso de gas lacrimógeno durante protestas en el área.
El administrador del edificio y varios inquilinos demandaron al gobierno federal en diciembre, argumentando que el uso de estos agentes químicos les causa enfermedades, contamina sus viviendas y limita su libertad de movimiento. “Esta decisión protege la salud y la seguridad básicas y el derecho a vivir en el propio hogar sin temor a que el gobierno use armas químicas”, dijo Skye Perryman, presidenta y directora ejecutiva de Democracy Forward, organización sin fines de lucro que representa a los demandantes.
Entre los 237 residentes de Gray’s Landing, casi un tercio son personas mayores de 63 años, un 20% son veteranos de bajos ingresos y un 16% se identifican como personas con discapacidad, según documentos judiciales.
Por su parte, los demandados —el ICE, el Departamento de Seguridad Nacional y sus jefes respectivos— sostienen que los dispositivos de control de multitudes se utilizaron en respuesta a protestas violentas. El gobierno argumentó que los agentes no han violado derechos constitucionales, al considerar que sería “inviable” prohibir todo despliegue que, de forma accidental, afecte una propiedad cercana.
La orden judicial permanecerá vigente mientras el caso continúa en los tribunales.
