Una jueza federal ordenó suspender temporalmente la versión más reciente de una política del gobierno del presidente Donald Trump que obligaba a los miembros del Congreso a avisar con una semana de anticipación antes de visitar centros de detención de inmigrantes.
La jueza de distrito Jia Cobb, con sede en Washington, determinó que un grupo de legisladores demócratas probablemente logrará demostrar que dicho requisito es ilegal y excede la autoridad del gobierno federal. En su fallo, la magistrada subrayó que las autoridades no presentaron “ejemplos concretos de problemas de seguridad” relacionados con visitas legislativas sin previo aviso.
Trece miembros de la Cámara de Representantes demandaron la política, emitida el 8 de enero por la secretaria de Seguridad Nacional (DHS), Kristi Noem. Cobb ya había bloqueado una versión anterior en diciembre de 2025, al considerar que era muy probable que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) careciera de base legal para exigir notificaciones de una semana a los congresistas interesados en observar las condiciones en sus instalaciones.
“Los demandantes están sin duda frustrados con los repetidos intentos de los demandados de imponer un requisito de aviso”, escribió Cobb, recordando que el gobierno debe acatar las órdenes judiciales y actuar conforme a la ley.
Pese a ello, Noem restableció en secreto una nueva versión del requisito un día después de que un agente del ICE disparara y matara a la ciudadana estadounidense Renee Good en Minneapolis. Esta versión era casi idéntica a la previamente bloqueada.
Tres días después del incidente, tres legisladores demócratas de Minnesota —Ilhan Omar, Kelly Morrison y Angie Craig— fueron impedidos de ingresar a un centro del ICE en las cercanías de Minneapolis. Según sus abogados, el DHS no divulgó la nueva orden hasta después de que las congresistas fueran rechazadas.
Cobb recalcó que existe una ley que prohíbe al gobierno usar fondos asignados para bloquear el acceso del Congreso a instalaciones del DHS cuando se trata de labores de supervisión. También concluyó que es “altamente probable” que el gobierno del presidente Donald Trump empleara fondos restringidos para implementar y hacer cumplir la nueva política.
La jueza Jia Cobb fue nominada a su cargo por el expresidente Joe Biden.
