Una jueza del Tribunal Federal en Puerto Rico detuvo el traslado de un inmigrante dominicano fuera de la jurisdicción, luego de que la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) de Puerto Rico presentara un recurso de habeas corpus de emergencia.
Según la organización, la detención de Martín Medina de la Cruz fue “ilegal, arbitraria y carente de una base legal válida”. Alegó además que el gobierno federal pretendía transferirlo de forma inminente, lo que podría limitar su acceso a representación legal y afectar su debido proceso.
Medina de la Cruz, quien lleva cinco años en territorio estadounidense y tiene trámites migratorios pendientes, también obtuvo una vista de fianza. La orden firmada por la jueza federal Gina Méndez Miró establece que el Gobierno no podrá trasladarlo fuera de Puerto Rico y fija la vista de fianza para el 2 de febrero de 2026, a las 5:00 p. m., ante un juez de inmigración.
La abogada de inmigración Julie Cruz Santana, representante legal del inmigrante, destacó que esta determinación “debe servir de ejemplo y alerta” para las autoridades federales que detienen a personas que cualifican para protección humanitaria sin garantizarles procesos justos.
La ACLU argumentó que Medina de la Cruz no representa peligro ni riesgo de fuga y que incluso se presentó voluntariamente ante las autoridades. En su comunicado, señaló que la detención “no responde a un interés gubernamental legítimo y constituye un uso abusivo del poder de detención civil”.
La organización también denunció que él y otras dos personas dominicanas fueron seleccionadas por agentes federales en un supermercado en un área con alta presencia de población dominicana, lo que consideró un caso de perfilamiento racial prohibido por la Constitución de Estados Unidos.
“Desde Puerto Rico seguiremos combatiendo las políticas discriminatorias antiinmigrantes de la administración del presidente Trump. No permitiremos que nuestra jurisdicción se utilice para trasladar aceleradamente personas migrantes, limitando sus derechos y exponiéndoles a tratos inhumanos”, expresó Annette Martínez Orabona, directora ejecutiva de la ACLU de Puerto Rico.
