El gobierno del presidente Donald Trump no puede multar ni retirar el financiamiento federal a la Universidad de California (UC) por presuntas prácticas discriminatorias o antisemitismo, según decidió la jueza federal de distrito Rita Lin en San Francisco. En una orden preliminar emitida el viernes por la noche, Lin sostuvo que la administración no puede imponer sanciones sin antes notificar a las partes afectadas ni celebrar audiencias formales.
Durante el verano, el gobierno exigió a la Universidad de California, Los Ángeles (UCLA), el pago de 1,200 millones de dólares para recuperar fondos de investigación congelados. Se alegó que la institución permitió antisemitismo en su campus. Otras universidades, como Columbia, también enfrentaron congelación de fondos bajo acusaciones similares.
En su fallo, Lin afirmó que sindicatos y organizaciones del profesorado, estudiantes y empleados presentaron “evidencia abrumadora” de que el gobierno de Trump emprende “una campaña concertada para purgar puntos de vista progresistas, izquierdistas y socialistas” de las universidades del país. La jueza añadió que el plan busca “llevar a las universidades a sus rodillas y forzarlas a cambiar su tono ideológico”.
La jueza consideró que el gobierno incurrió en actos coercitivos que violan la Primera y la Décima Enmiendas de la Constitución. Ni la Casa Blanca ni el Departamento de Justicia de Estados Unidos respondieron a solicitudes de comentarios. La orden judicial seguirá vigente de manera indefinida.
El presidente del sistema de la Universidad de California, James B. Milliken, advirtió que una multa como la impuesta a UCLA devastaría a sus campus, considerados entre los mejores del país. Aunque la UC no es parte directa de la demanda, mantiene conversaciones de conciliación con el gobierno. Lin fue nominada al tribunal por el presidente Joe Biden.
La jueza también prohibió al gobierno condicionar fondos federales al cumplimiento de medidas que vulneren los derechos protegidos por la Primera Enmienda. Citó como ejemplo intentos oficiales para vetar estudiantes internacionales con posturas consideradas “antioccidentales” o “antiestadounidenses”, así como la imposición de definiciones estrictas sobre género o la limitación de temas de investigación.
El gobierno de Trump sostiene que los programas de diversidad, equidad e inclusión discriminan contra alumnos blancos y asiático-estadounidenses. En ese contexto, ha abierto investigaciones en decenas de universidades. Trump, por su parte, ha acusado a las instituciones de élite de estar dominadas por el liberalismo y el antisemitismo.
