El juez superior Arnaldo Castro Callejo, del Tribunal de San Juan, denegó la solicitud de entredicho provisional presentada por el gobierno en el pleito contra el consorcio LUMA Energy, encargado de la transmisión y distribución del sistema eléctrico de Puerto Rico.
No obstante, el magistrado citó a una vista presencial para evaluar si procede conceder un “remedio interdictal preliminar”. La audiencia se celebrará el lunes 22 de diciembre, a las 9:30 a. m., en el centro judicial de San Juan. Las partes deberán comparecer preparadas para exponer su postura, presentar estipulaciones de hechos y anunciar la prueba testifical y documental que someterán.
En la resolución, el juez explicó que no halló evidencia de que una notificación previa a los demandados pudiera ocasionar pérdida de datos o daños irreparables antes de escuchar sus argumentos. “Examinada la solicitud, denegamos la expedición de la solicitud de entredicho”, indicó el documento judicial.
El dictamen se emitió un día después del mensaje televisado de la gobernadora Jenniffer González, quien anunció la demanda jurada de sentencia declaratoria e injunction preliminar presentada por la Autoridad para las Alianzas Público‑Privadas (P3) y la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) contra LUMA Energy LLC y LUMA Energy Servco LLC.
En la demanda se alega que la carta de extensión firmada el 30 de noviembre de 2022, con la cual se pretendía prolongar el contrato bajo el “Supplemental Agreement”, es nula. El gobierno sostiene que la medida sustituyó la terminación automática del acuerdo por un plazo indefinido, limitando las facultades de la P3 y de la AEE y dando ventaja al operador privado. Además, argumenta que el documento carece de las aprobaciones legales necesarias, incluyendo el voto favorable de los representantes del interés público en la Junta de la P3 y el certificado de cumplimiento energético del Negociado de Energía.
Según la demanda, la extensión introdujo una condición prohibida por ley, al supeditar la entrada en vigor del T&D OMA a la aceptación del plan de ajuste de la AEE por parte de LUMA. El gobierno solicita que se declare la nulidad del acuerdo y que se confirme la vigencia de la terminación automática desde noviembre de 2022.
En entrevista con Noticentro al Amanecer, la gobernadora González calificó el acuerdo como “un contrato limón que ya le cuesta a Puerto Rico” y afirmó que el gobierno tiene un caso sólido contra LUMA Energy. “La extensión que se hizo en el 2022 se hizo sin los votos, sin la aprobación del Negociado de Energía, sin la AEE y sin la Legislatura; por lo tanto, es nula”, concluyó.
