Dos aviones con migrantes venezolanos estaban en vuelo fuera de Estados Unidos el 15 de marzo cuando un juez federal de Washington ordenó al gobierno del presidente Donald Trump que los hiciera regresar. Sin embargo, las aeronaves aterrizaron horas después en El Salvador, lo que provocó un choque de poderes entre la rama judicial y el Ejecutivo.
El juez James Boasberg reabrió la investigación para determinar si funcionarios del gobierno republicano ignoraron deliberadamente su instrucción. Boasberg ya había concluido que la orden fue desobedecida y amenazó con cargos de desacato, aunque el gobierno niega haber violado la orden. Un tribunal de apelaciones anuló su decisión, pero un panel ampliado autorizó reanudar la pesquisa el 14 de noviembre.
Boasberg ordenó a la administración entregar para el 5 de diciembre declaraciones de todos los funcionarios involucrados en la decisión de no devolver los vuelos. Entre ellos podría figurar la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem. La investigación busca establecer si la directiva judicial fue clara, si se violó y si la violación fue intencional.
El Departamento de Justicia afirmó que Noem actuó con asesoramiento de Joseph Mazzara, del Departamento de Seguridad Nacional, y de los fiscales Todd Blanche y Emil Bove. Argumenta además que la orden no mencionaba los vuelos en el aire y que, al haber salido del territorio estadounidense, la instrucción no aplicaba.
Boasberg, nombrado por Barack Obama, sostiene que su investigación defiende la Constitución de Estados Unidos y el principio del cumplimiento de las órdenes judiciales. Ha cuestionado que el gobierno de Trump expulsara rápidamente a los migrantes, presuntamente vinculados a la pandilla Tren de Aragua, y señaló que existen pruebas de que muchos no tenían conexión con el grupo.
La Casa Blanca de Trump ha mostrado hostilidad a la supervisión judicial en temas migratorios. Expertos como David Noll, de la Universidad Rutgers, opinan que el Departamento de Justicia intentará frenar la pesquisa con apelaciones. Boasberg, por su parte, ha sido objeto de ataques del presidente Trump, quien lo calificó de “problemático y agitador” tras su fallo de marzo.
Aunque las sanciones por desacato contra el gobierno son raras, la causa podría definir los límites de la autoridad presidencial sobre órdenes judiciales en materia migratoria y reabrir el debate sobre la legalidad de las deportaciones masivas.
