El juez federal Jeffrey Cummings anunció en una audiencia en Chicago que cientos de personas arrestadas durante las redadas migratorias ordenadas por el gobierno del presidente Donald Trump podrían ser liberadas bajo fianza mientras esperan sus audiencias de inmigración. Cummings informó que ordenará la liberación inmediata de 13 individuos, basándose en un decreto de consentimiento de 2022 que regula los arrestos sin orden judicial del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés).
Además, dio al gobierno federal hasta el viernes para revisar una lista de 615 detenidos en cárceles y centros federales del país, con el fin de determinar si califican para alternativas a la detención, como el uso de grilletes electrónicos. Hasta entonces, el juez suspendió cualquier proceso de deportación relacionado con los posibles beneficiarios del decreto.
Abogados de los detenidos celebraron la decisión y anticiparon que presentarán más casos similares. “Todas las tácticas del ICE han sido ilegales en la gran mayoría de los arrestos”, señaló Mark Fleming, abogado del National Immigrant Justice Center. Fleming alertó que muchas de las más de 3,300 personas arrestadas desde el inicio de la “Operación Midway Blitz” en septiembre ya fueron deportadas o abandonaron el país por cuenta propia.
Por parte del gobierno, el abogado del Departamento de Justicia, Will Weiland, afirmó que al menos 12 de los 615 detenidos son de “alto riesgo” y no deberían ser liberados. “Nada ha sido fácil con este caso”, expresó durante la audiencia.
Cummings determinó que el ICE violó el decreto de consentimiento al no presentar documentación requerida para varios arrestos, y detalló que algunos detenidos fueron capturados mientras trabajaban, caminaban o incluso en autoservicios de restaurantes. “Me parece muy poco probable que alguno de estos extranjeros caiga en la categoría de ‘lo peor de lo peor’”, agregó el magistrado.
El gobierno de Trump ha defendido estas operaciones como una acción efectiva contra el crimen, aunque autoridades de Illinois aseguran que la criminalidad ya estaba en descenso antes de las redadas y que la presencia federal sólo generó mayor tensión.
El decreto, extendido hasta febrero próximo, cubre arrestos por parte del ICE en seis estados bajo la jurisdicción de su oficina de campo en Chicago: Illinois, Indiana, Kansas, Missouri, Kentucky y Wisconsin. Sin embargo, no incluye al Negociado de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), responsable de otras tácticas más severas aplicadas durante los operativos.
La subsecretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Tricia McLaughlin, calificó al juez Cummings como un “juez activista” y advirtió que su orden “pone directamente en riesgo las vidas de los estadounidenses”. El DHS no ha ofrecido detalles sobre los arrestos, destacando sólo casos de personas con antecedentes penales que residen en el país sin autorización.
