Un juez federal ordenó al gobierno de Donald Trump traer de vuelta a Estados Unidos a Adriana María Quiroz Zapata, una mujer colombiana deportada a la República Democrática del Congo pese a que ese país se negó a aceptarla por no poder atender sus necesidades médicas.
El juez de distrito Richard J. Leon dictaminó que la deportación de Zapata, de 55 años, “muy probablemente fue ilegal”. La mujer padece diabetes y un trastorno de tiroides, y su condición se agravó severamente durante su detención. Según su abogada, Lauren O’Neal, su clienta presenta manchas en la piel, uñas ennegrecidas y padece depresión, ansiedad e insomnio. “No está bien y teme morir”, afirmó la abogada.
Zapata había sido detenida por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) tras cruzar la frontera sur en agosto de 2024. Un juez había determinado previamente que no podía ser deportada a Colombia porque allí corría peligro de ser torturada por su expareja, un hombre con vínculos en la policía nacional. De acuerdo con documentos judiciales, fue brutalmente golpeada, apuñalada, violada y amenazada de muerte.
Aunque varios países rechazaron recibirla, el ICE la envió al Congo, incluso después de que el propio gobierno congoleño notificara por escrito que no podía aceptarla. La abogada señaló que Zapata vive encerrada en un hotel en Kinshasa, bajo llave y con movilidad restringida.
El representante Rob Menendez, quien ha acompañado el caso, denunció que Zapata es una de al menos 15 personas enviadas al Congo y comparó su situación con la de Kilmar Ábrego García, un salvadoreño que fue deportado por error antes de que el Tribunal Supremo de Estados Unidos ordenara su regreso. “Esto refleja una administración que ignora el debido proceso y los derechos individuales”, expresó.
El Departamento de Seguridad Nacional no comentó el caso. El juez Leon, nominado por el presidente George W. Bush, ordenó que el gobierno federal informe sobre el avance del regreso de Zapata y mantenga actualizaciones cada 72 horas. Menendez calificó la decisión como “un mínimo nivel de justicia” dentro de un proceso “horrendo y roto”, pero advirtió que otros casos similares podrían estar ocurriendo sin conocerse.
“Esto nunca debió haber pasado”, añadió. “Si esto está ocurriendo, ¿qué más está sucediendo que ni siquiera sabemos?”.
