El juez Pedro A. Delgado Hernández, del Tribunal Federal en Puerto Rico, ordenó al gobierno de Estados Unidos detener el traslado fuera de la isla de un inmigrante dominicano arrestado esta semana. La determinación se dio tras acoger un recurso de habeas corpus presentado por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) de Puerto Rico.
En su orden, el magistrado estableció que el gobierno federal deberá celebrar una vista de fianza no más tarde del 30 de enero de 2026. Advirtió, además, que si no se cumple con ese mandato, los demandados deberán liberar de inmediato al peticionario.
El inmigrante fue identificado como Diogene Fermín Fernández, residente en Puerto Rico desde 2007. Fue detenido el 20 de enero de 2026 por agentes federales mientras se dirigía a su trabajo en Villa Palmeras, un sector sanjuanero con una amplia comunidad dominicana. Según la ACLU, las circunstancias de su arresto levantan «serios señalamientos de perfilamiento racial» y ocurrió antes de que fuera trasladado al área oeste del país, donde permanece bajo custodia federal «enfrentando la amenaza de ser removido de la jurisdicción en cuestión de horas o días».
“Hoy, una vez más, el tribunal deja claro que el gobierno no puede utilizar el traslado acelerado como estrategia para evitar la revisión judicial y desarticular defensas legales en Puerto Rico”, afirmó Fermín Arraiza Navas, director legal de la ACLU de Puerto Rico y abogado en el caso. Añadió que “esta orden protege el derecho del peticionario a una vista de fianza y reafirma que las detenciones civiles contra inmigrantes no pueden operar al margen de la Constitución”.
La decisión del juez llega un día después de que la misma organización lograra frenar el traslado fuera del territorio de otro inmigrante dominicano, identificado como Martín Medina de la Cruz, mediante otro recurso de habeas corpus.
En ambos casos, la ACLU argumentó que los detenidos no representan un riesgo de fuga ni peligro para la comunidad. La entidad recalcó que continuará litigando para exigir que el gobierno federal respete el debido proceso, garantice acceso a fianza y detenga prácticas de perfilamiento racial y traslados punitivos que afectan desproporcionadamente a las comunidades inmigrantes en Puerto Rico.
