Minneapolis – Un juez federal escuchará este lunes los argumentos sobre si debe frenar temporalmente la ofensiva migratoria en Minnesota, tras los disparos mortales de dos personas por parte de agentes federales. El estado de Minnesota y las ciudades de Minneapolis y St. Paul demandaron al Departamento de Seguridad Nacional cinco días después de que Renee Good fuera abatida por un agente de Inmigración y Aduanas. El reciente tiroteo de Alex Pretti, a manos de un agente de la Patrulla Fronteriza, ha intensificado la urgencia del caso.
La demanda busca revertir las medidas de la Operación Metro Surge, implementada el 1 de diciembre por la administración de Donald Trump. El fiscal general demócrata de Minnesota, Keith Ellison, dijo que asistirá a la vista programada para la mañana del lunes. Los demandantes piden que la jueza federal Kathleen Menéndez ordene reducir el número de agentes federales en el estado a los niveles previos a la operación y que se impongan límites estrictos a su actuación.
El Departamento de Justicia ha tildado la demanda de “frívola desde el punto de vista jurídico” y acusa a Minnesota de intentar vetar la aplicación de la ley federal. Solicitó a la jueza que rechace la petición o suspenda cualquier orden mientras se evalúa una apelación anticipada.
Ellison justificó la acción legal afirmando que esta “oleada migratoria” constituye “un nuevo abuso de la Constitución”. Además, 19 estados y el Distrito de Columbia, liderados por California, presentaron un escrito apoyando la postura de Minnesota. “Si no se le pone coto, el gobierno federal sin duda se envalentonará para continuar su conducta ilegal en Minnesota y repetirla en otros lugares”, advirtieron.
Menéndez, la misma jueza que el 16 de enero dictaminó que los agentes federales no pueden usar gases lacrimógenos ni detener a manifestantes pacíficos, enfrenta ahora otro caso con gran repercusión. Esa decisión fue suspendida por un tribunal de apelaciones tres días antes del último tiroteo, aunque la Unión Americana de Libertades Civiles pidió levantar la suspensión tras la muerte de Pretti.
En paralelo, otro juez federal, Eric Tostrud, emitió el sábado una orden que impide al gobierno de Trump “destruir o alterar pruebas” relacionadas con el tiroteo más reciente. La medida fue solicitada por Ellison y la fiscal del condado de Hennepin, Mary Moriarty, para garantizar la preservación de la evidencia. Se espera una audiencia sobre esa orden la tarde del lunes en St. Paul.
“Hace apenas unas semanas era impensable que un agente del gobierno federal pudiera siquiera considerar hacer algo así”, expresó Ellison, subrayando la gravedad del momento. La decisión de la corte podría tener consecuencias más allá de Minnesota, marcando un precedente en la supervisión de operaciones federales de inmigración.
