Boston — Un juez federal detuvo los esfuerzos de la administración Trump para recopilar datos que demuestren que las universidades no toman en cuenta la raza en sus procesos de admisión.
El juez F. Dennis Saylor IV, del Tribunal de Distrito de Boston, concedió la medida cautelar tras una demanda presentada por 17 fiscales generales estatales demócratas. La orden se aplicará únicamente a las universidades públicas demandantes.
Saylor señaló que, aunque el gobierno podría tener la autoridad para pedir esa información, la solicitud fue enviada de manera “precipitada y caótica”. Según el magistrado, el plazo de 120 días impuesto por el presidente impidió al Centro Nacional de Estadísticas de la Educación (NCES, por sus siglas en inglés) interactuar adecuadamente con las instituciones para atender los problemas generados por los nuevos requisitos.
El presidente Donald Trump ordenó la recopilación de esos datos en agosto, al expresar su preocupación de que las universidades estuvieran usando declaraciones personales u otros mecanismos como sustitutos para considerar la raza, algo que considera una forma de discriminación ilegal.
En 2023, el Tribunal Supremo de Estados Unidos prohibió el uso de la acción afirmativa en las admisiones, aunque permitió que los estudiantes mencionen cómo su raza ha influido en sus vidas, si así lo desean, dentro de los ensayos de solicitud.
Los fiscalizadores estatales argumentaron que la medida del gobierno podría invadir la privacidad de los estudiantes y dar pie a investigaciones infundadas. También denunciaron la falta de tiempo razonable para recopilar y entregar los datos. “Los datos se han buscado de forma tan precipitada e irresponsable que crearán problemas a las universidades”, declaró en el tribunal la abogada Michelle Pascucci, quien sostuvo que el esfuerzo parecía orientado a hallar prácticas ilegales.
El Departamento de Educación defendió la iniciativa, asegurando que los contribuyentes tienen derecho a conocer cómo se utilizan los fondos federales en instituciones que dependen de ese dinero. La política refleja acuerdos previos con las universidades de Brown y Columbia, las cuales aceptaron entregar información detallada al gobierno sobre raza, calificaciones y resultados en pruebas estandarizadas, además de hacer públicas sus estadísticas de admisión.
Según la secretaria de Educación, Linda McMahon, el NCES debía recibir los nuevos informes antes del 18 de marzo, con datos desglosados por raza y sexo y de forma retroactiva por siete años. La funcionaria advirtió que, si las instituciones no cumplen los plazos, podrían enfrentarse a sanciones bajo el Título IV de la Ley de Educación Superior de 1965.
