ATLANTA — Un juez federal de Georgia desestimó una demanda del Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ, en inglés) que buscaba obtener información sobre los votantes del estado, al concluir que el gobierno presentó el caso en la ciudad equivocada.
El juez de distrito Ashley Royal dictaminó que el gobierno debió haber presentado la demanda contra el secretario de Estado de Georgia, Brad Raffensperger, en Atlanta, y no en Macon, a pesar de que el funcionario mantiene una oficina allí. La determinación fue emitida sin perjuicio, lo que significa que el DOJ puede volver a presentar el reclamo.
El Departamento de Justicia ha entablado acciones similares contra 24 estados y el Distrito de Columbia, en un esfuerzo por recopilar datos específicos sobre votantes, como fechas de nacimiento y números de licencia de conducir y de Seguro Social. Un tribunal en California ya rechazó una de esas demandas por motivos de privacidad, y un juez en Oregón ha insinuado que podría hacer lo mismo.
Según la administración Trump, las demandas buscan reforzar la seguridad electoral. No obstante, el DOJ sostiene que los estados violan la ley federal al negarse a entregar información solicitada por el gobierno. En Georgia, Raffensperger —único republicano en rechazar la solicitud— argumenta que la legislación estatal prohíbe divulgar datos confidenciales a menos que se cumplan ciertos requisitos, los cuales, afirma, el gobierno federal no ha satisfecho. Indicó que en diciembre entregó la porción pública del registro electoral y detalles del proceso de depuración de inscripciones.
“Siempre cumpliré la ley y seguiré la Constitución. No violaré el juramento que hice de defender al pueblo de este estado, independientemente de quién o qué me obligue a hacer lo contrario”, declaró Raffensperger el viernes.
La controversia ha cobrado relevancia política en medio de su postulación a gobernador para 2026. Raffensperger fue una figura clave en las tensiones postelectorales de 2020, cuando rechazó el pedido del presidente Donald Trump de “encontrar” los votos necesarios para revertir la victoria de Joe Biden en Georgia. Ese episodio aún divide al electorado republicano del estado.
El jueves, el tema resurgió en una audiencia del Senado estatal, donde legisladores republicanos acusaron a Raffensperger de incumplir la ley. El comité aprobó una resolución que le exige entregar los datos solicitados, calificando su negativa como otro ejemplo de su resistencia a la supervisión pública. El senador estatal Randall Robertson, de Cataula, afirmó que varios votantes le expresaron frustración porque Raffensperger “una vez más no estaba cooperando plenamente con el gobierno federal en información relacionada con las elecciones en Georgia”.
