Washington — Los tribunales federales en Estados Unidos han bloqueado de manera uniforme la orden del presidente Donald Trump que intenta eliminar la ciudadanía por derecho de nacimiento a hijos de personas presentes ilegal o temporalmente en el país. El Tribunal Supremo evalúa la apelación de la Administración Trump a un fallo del juez federal Joseph N. LaPlante, quien concluyó que la medida probablemente viola la Decimocuarta Enmienda y la ley federal.
La orden ejecutiva, firmada al inicio del segundo mandato de Trump, formaba parte de su ofensiva contra la inmigración, aunque nunca entró en vigor. La disputa gira en torno al significado de la Cláusula de Ciudadanía de la Decimocuarta Enmienda, que otorga nacionalidad a “todas las personas nacidas o naturalizadas en Estados Unidos y sujetas a su jurisdicción”.
La mayoría de los jueces liberales del Tribunal Supremo, entre ellos Sonia Sotomayor, Elena Kagan y Ketanji Brown Jackson, han sostenido que la orden debe ser anulada. Sotomayor advirtió que el presidente “ha hecho una solemne burla de nuestra Constitución” y añadió que la Enmienda garantiza claramente la ciudadanía por nacimiento a quienes nacen bajo las leyes del país.
Sotomayor consultó incluso un diccionario de 1865 para precisar el significado de “sujeto a la jurisdicción”, concluyendo que se refiere a todas las personas sujetas a la autoridad y leyes estadounidenses. A su juicio, negar ese principio convertiría a niños en apátridas o indocumentados.
Jueces federales en distintas jurisdicciones han coincidido. En New Hampshire, el juez LaPlante señaló que la orden “convertiría a los niños en no ciudadanos indocumentados o en apátridas”. En Maryland, la jueza Deborah Boardman sostuvo que la medida “desprecia el lenguaje llano de la Decimocuarta Enmienda”.
En California, el juez Ronald Gould, del Noveno Circuito, afirmó que la orden malinterpreta la historia y los precedentes jurídicos, mientras que su colega Patrick Bumatay discrepó solo sobre la legitimidad de los demandantes para presentar el caso. En Boston, el juez David Barron, del Primer Circuito, subrayó que “la pregunta no es difícil” y recordó que el país ha luchado históricamente contra intentos de restringir la ciudadanía por nacimiento.
Los magistrados citaron además el precedente de 1898, “Estados Unidos vs. Wong Kim Ark”, donde el Tribunal Supremo determinó que un niño nacido en San Francisco de padres chinos era ciudadano estadounidense, reafirmando el principio de ciudadanía por nacimiento dentro del territorio del país. Esa decisión sigue siendo piedra angular del debate actual.
En su conjunto, los fallos judiciales coinciden en que la orden ejecutiva de Trump contradice tanto la letra como el espíritu de la Constitución, la tradición legal y el precedente histórico que define quién es ciudadano estadounidense desde 1868.
