La gobernadora Jenniffer González anunció este martes el veto a tres medidas presentadas por senadores del Partido Nuevo Progresista (PNP), al entender que no contemplan su impacto fiscal o resultan incompatibles con los objetivos de su administración.
En comunicado de prensa, la mandataria informó que rechazó los Proyectos del Senado 531 y 582, así como la Resolución Conjunta del Senado 24.
El Proyecto del Senado 531, presentado el 10 de abril de 2025 por los senadores Juan Oscar Morales y Carmelo Ríos Santiago, busca ampliar el acceso de los pacientes a su información médica. No obstante, González argumentó que la medida, en su forma actual, impondría cargas operacionales y fiscales que podrían dificultar su cumplimiento. El Ejecutivo estimó su costo recurrente anual entre $200,000 y $350,000, y señaló que el tope de $25 por reproducción de expedientes médicos no cubre los costos reales.
“El gobierno no cierra las puertas a explorar alternativas futuras con costos reales que promuevan un acceso adecuado a la información”, expresó la gobernadora en su mensaje de veto.
El Proyecto del Senado 582, radicado el 29 de abril de 2025 por Morales y coautorado por legisladores del PNP, así como por los senadores Luis Javier Hernández, Ada Álvarez y el independiente Eliezer Molina, buscaba incluir a los Oficiales del Cuerpo de Vigilantes del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, activos y retirados, y a sus familias, como beneficiarios del Plan de Salud del Gobierno. González rechazó la medida al señalar que “no ofrece un mecanismo de financiamiento adecuado y sin certeza actuarial”.
Según el análisis de La Fortaleza, la propuesta generaría un impacto fiscal recurrente sobre el Plan de Salud del Gobierno sin identificar una fuente de fondos adicional. El Departamento de Salud y la Administración de Seguros de Salud (ASES) condicionaron su aval a asignaciones nuevas, advirtiendo que los fondos patronales propuestos no cubrirían el costo real. “Reconozco y valoro la labor de estos servidores públicos, pero la medida presenta serias consideraciones fiscales y programáticas que no pueden ser ignoradas”, añadió González.
La tercera medida vetada, la Resolución Conjunta del Senado 24, fue presentada el 5 de febrero de 2025 por la senadora Karen M. Román Rodríguez. Ordenaba al Comité de Evaluación y Disposición de Propiedades Inmuebles analizar la transferencia al municipio de San Germán de las instalaciones del Antiguo Centro de Transbordo, con la intención de desarrollar una planta de reciclaje.
El Ejecutivo justificó el veto al destacar que el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) trabaja actualmente en el Plan para el Manejo Integrado de los Desperdicios Sólidos, el cual evalúa la infraestructura existente en toda la isla. “Adelantar el traspaso de esta instalación sin culminar dicho análisis podría ser inconsistente con los objetivos de planificación integrada y limitar la capacidad del gobierno para maximizar el uso eficiente de sus recursos”, puntualizó el comunicado de La Fortaleza.
