La gobernadora Jenniffer González presentó el Proyecto del Senado 916, una de las 19 medidas que radicó al inicio de la tercera sesión legislativa del cuatrienio. La propuesta crea un registro llamado “VTT Street-Legal”, que permitiría a los conductores de vehículos todoterreno circular por las vías públicas, incluyendo autopistas, expresos y carreteras de acceso controlado.
Según el proyecto, la falta de un sistema uniforme de registro y control sobre estos vehículos ha dificultado la labor de las agencias de seguridad y transportación. Por ello, se establecería un sistema digital integrado para el registro, inspección y uso de los vehículos todoterreno.
La medida define los “vehículos todoterreno” (VTT) como aquellos de motor, de dos o más ruedas, diseñados para transitar tanto por superficies pavimentadas como no pavimentadas, y fabricados para fines recreativos, utilitarios o de transporte no convencional.
El proyecto clasifica los VTT en cuatro categorías: los “All Terrain Vehicle” (ATV), de manejo individual o con pasajero; los “Utility Task Vehicle o Side-by-Side” (UTV), con asientos paralelos y motor utilitario; los “UTV One-Side”, con volante y cinturones de seguridad; y los “Special Service Vehicle” (SSV), con estructura de protección y capacidad para pasajeros.
Todos deberán cumplir con inspección, registro, póliza de seguro de responsabilidad pública y autorización de circulación “VTT Street-Legal”. El incumplimiento podría conllevar multas de hasta $5,000, reclusión o trabajo comunitario de hasta seis meses. La medida también contempla una amnistía de 120 días, extensible a 180, para que los propietarios registren sus vehículos sin penalidad alguna.
En junio, González había anunciado la creación de un comité de trabajo para diseñar un marco regulatorio que atendiera el tránsito de estos vehículos.
La mandataria también presentó otros proyectos, entre ellos la reforma contributiva (Proyecto del Senado 912), medidas de protección a mujeres víctimas de violencia (Proyectos 913 y 914), una enmienda a la Ley contra la Venganza Pornográfica (Proyecto 915), la extensión de términos para fiscales y procuradores (Proyecto 917), y reformas a la Ley de Financiamiento de Campañas Políticas (Proyecto 920), entre otras.
Entre las más polémicas figura el Proyecto del Senado 923, que busca tipificar como asesinato la muerte de un concebido no nacido, lo que, según expertas en derechos reproductivos, podría generar ambigüedad legal y afectar la práctica médica en la isla.
