Luego de anunciar que podría retirar un proyecto de administración para enmendar el Código Penal y tipificar el asesinato desde el momento de la concepción, la gobernadora Jenniffer González informó que la medida continuará su curso legislativo para aclarar lo dispuesto por la Ley Keishla Madlane.
“Dije que se podía retirar, pero la secretaria de Justicia nos dijo que no está mal que el proyecto se radique. Así que lo dejamos ahí para que se evalúe. La ley a la que este proyecto hace referencia incluye que es potestad de la madre tomar una decisión”, expresó González.
El presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, señaló que el proyecto del Senado 923 cuenta con los votos para aprobarse y fue bajado por descargue, sin pasar por comisión, para votarse en sesión. Aclaró además que “este proyecto no tiene nada que ver con el tema del aborto, el cual, a propósito, yo restringiría aún más”.
El Proyecto de Administración 98 propone que, para el delito de asesinato, el término “humano” incluya al concebido en cualquier etapa de gestación. Mientras, la Ley 166-2025 —conocida como Ley Keishla Madlane— dispone que el asesinato de una mujer embarazada que cause también la muerte del feto sea considerado doble asesinato. No obstante, establece que no se utilizará para criminalizar abortos legales ni tratamientos médicos autorizados.
Según González, la medida solo “aclara” lo que ya establecen leyes previas, como la llamada ley del nasciturus, que reconoce personalidad jurídica al no nacido. “Es incorrecto decir que prohíbe el aborto. Lo que se estaba era aclarando, poniéndolo en un artículo distinto”, afirmó.
Sin embargo, grupos de derechos humanos, juristas y profesionales de la salud han advertido que estas iniciativas —aprobadas sin vistas públicas— podrían vulnerar el acceso a la salud y la autonomía de las mujeres. Aunque el aborto sigue siendo legal y se ofrece de forma segura en clínicas reguladas por el Departamento de Salud, especialistas sostienen que las medidas abren la puerta a futuras restricciones.
En Estados Unidos, organizaciones como Pregnancy Justice han documentado el impacto de leyes que reconocen la “personalidad fetal”, señalando que en los dos años posteriores a la derogación de Roe v. Wade, 412 mujeres fueron criminalizadas por emergencias obstétricas, accidentes o uso de medicamentos.
