La gobernadora Jenniffer González anunció que propondrá al Congreso de Estados Unidos aumentar en 5% anual las asignaciones de Medicaid para Puerto Rico y establecer de forma permanente un pareo federal de 83% para cubrir los costos de los servicios del programa. Según explicó, la medida busca atender el “problema estructural” del financiamiento de Medicaid en la isla.
Durante la conferencia “Puerto Rico Health Policy Conference 2026”, González indicó que la propuesta elevaría las asignaciones de los $4,200 millones previstos para el año fiscal federal 2027 a unos $4,415 millones en 2028. “Iremos con una sola voz, con un mismo mensaje”, afirmó ante líderes del sector de la salud reunidos en el Centro de Convenciones, en Miramar.
La mandataria destacó que mientras los estados reciben fondos ilimitados de Medicaid, Puerto Rico enfrenta restricciones presupuestarias y un pareo federal mucho menor. Actualmente, el FMAP —la tasa de aportación federal— es de 55% por ley permanente, a pesar de que el Congreso aprobó un incremento temporal a 76% en 2022, cuando asignó cerca de $19,000 millones a la isla. Sin acción adicional, esa ayuda expirará el 1 de octubre de 2027, reduciendo los fondos a cerca de $500 millones y afectando el Plan Vital, que beneficia a 1.3 millones de personas.
González subrayó que Puerto Rico, con la mayor tasa de pobreza entre los territorios estadounidenses, debería recibir el mismo trato que las Islas Vírgenes y otros territorios con FMAP de 83%. “No pedimos más de lo que la fórmula produciría”, puntualizó.
El secretario de Salud, Víctor Ramos, advirtió que una reducción en la aportación federal “afectaría todo el presupuesto de Puerto Rico”. Ante este panorama, el Ejecutivo emitió la orden OE-2026-006 para crear un grupo multisectorial que desarrolle estrategias de cabildeo en el Congreso a favor de conservar el pareo actual.
En el acto, González firmó un acuerdo de entendimiento con ese comité para coordinar los esfuerzos. Aunque el comisionado residente en Washington, Pablo José Hernández Rivera, no asistió a la firma, expresó que mantiene comunicación con la gobernadora y coincidió en que se debe actuar con “una sola voz”. “No debe haber un precipicio fiscal”, aseguró.
La gobernadora señaló que los beneficiarios del Plan Vital representan un 47% de la población de la isla y que entre 60% y 70% de los puertorriqueños padecen alguna condición de salud crítica. Además, citó un estudio que estima que un 33% de los emigrantes se marchan a Estados Unidos en busca de mejores servicios médicos. Según sus datos, prestar esos servicios cuesta al gobierno federal $165 millones anuales allá, mientras que en Puerto Rico costarían solo $44 millones.
El comisionado Hernández Rivera añadió que este argumento se utilizará para reforzar las gestiones en el Congreso. También informó que trabaja junto al congresista Darren Soto en una propuesta legislativa sobre el futuro financiamiento de Medicaid para la isla.
Finalmente, el funcionario instó a la Administración de Seguros de Salud y al Departamento de Salud a recopilar los datos necesarios para sustentar los reclamos de la isla. “Mientras antes se haga, mejor posicionados estaremos”, afirmó.
