Vieques – La gobernadora Jenniffer González declaró que, de forma personal, no tiene objeción en que el Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) entregue a la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) en Puerto Rico la información solicitada sobre un requerimiento federal del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) para obtener datos de más de 6,000 inmigrantes con licencia provisional. Sin embargo, aclaró que el Departamento de Justicia tiene la última palabra sobre ese asunto.
La pasada semana, el juez superior Anthony Cuevas, del Tribunal de San Juan, ordenó al DTOP entregar o dar acceso a la solicitud de información o “subpoena” administrativo de ICE y a cualquier otro requerimiento similar emitido desde el 20 de enero. Ante esta orden, González reiteró que no ha dado instrucciones sobre la entrega del documento ni interviene en la determinación que hagan las agencias.
“Personalmente, no veo ninguna objeción a que se entregue, pero son las agencias las que van a determinar si hay información solicitada de manera distinta por las autoridades federales”, expresó durante una visita a Ceiba y Vieques.
El Departamento de Justicia anunció que pedirá al Tribunal de Primera Instancia una reconsideración del fallo y que, de ser necesario, acudirá al Tribunal de Apelaciones. La agencia argumentó que el Estado no puede revelar información obtenida mediante un “subpoena” del Departamento de Seguridad Nacional, al estar sujeta a normas de confidencialidad.
La ACLU demandó al DTOP el 1 de octubre para exigir acceso a la solicitud federal y a documentos relacionados con la entrega, en enero, de la información sobre inmigrantes. El secretario del DTOP, Edwin González Montalvo, se negó a comentar sobre el tema y refirió toda gestión al Departamento de Justicia, aunque confirmó que el documento “existe”.
Por otro lado, la gobernadora negó tener conocimiento de una supuesta investigación federal relacionada con una propiedad de sus suegros en La Parguera. “No tengo ninguna información sobre eso y no es correcto que se investigue a mis familiares”, afirmó. Añadió que, de existir una pesquisa, ya habría sido anunciada públicamente.
El contratista Daniel García Martín, vinculado a obras en esa residencia, fue arrestado por posesión ilegal de armas. La fiscalía federal ha reiterado que no hay ninguna investigación activa contra la gobernadora.
Durante su recorrido por Ceiba y Vieques, González inspeccionó el nuevo terminal de lanchas en construcción –una obra de $47 millones iniciada bajo la administración de Pedro Pierluisi– y las embarcaciones La Borinqueña y Cucubano, que formarán parte de la flota de Vieques y Culebra. “Ya se pagaron con fondos federales”, informó. En Vieques, verificó además mejoras al sistema de alcantarillado, la plaza pública y el Centro Agrícola de Transformación Social y Comunitario en el histórico edificio J. Gautier Benítez.
