Pese a la oposición de organizaciones de derechos civiles, entidades periodísticas y grupos comunitarios, la gobernadora Jenniffer González convirtió en ley el Proyecto del Senado 63. La medida modifica la Ley de Transparencia y Procedimiento Expedito para el Acceso a la Información Pública (Ley 141-2019) con el fin de ampliar los plazos y establecer nuevas exigencias para acceder a documentos públicos.
El gobierno justificó la aprobación del proyecto, impulsado por el senador Thomas Rivera Schatz, argumentando que había “confusión” en la aplicación de la ley vigente. “Aunque el propósito de la Ley 141-2019 era facilitar el derecho ciudadano a examinar los documentos gubernamentales, algunas de sus disposiciones han generado confusión en la comunidad legal, la ciudadanía, la prensa y las agencias obligadas a cumplirla. Esto ha generado numerosos pleitos que podrían evitarse si el gobierno cuenta con normas más claras”, sostuvo La Fortaleza en un comunicado divulgado el domingo.
La nueva Ley 156-2025 introduce requisitos adicionales a las solicitudes de información. Establece un plazo de 20 días laborables para que las agencias respondan, duplicando el límite de 10 días que existía anteriormente. Este término aplica a documentos que no excedan las 300 páginas o que tengan menos de tres años desde su emisión.
En el caso de información mayor a 300 páginas o con más de tres años de antigüedad, el tiempo para entrega aumentará a 30 días laborables y permitirá una extensión adicional de 20 días si la agencia así lo solicita.
Diversas organizaciones, entre ellas la Asociación de Periodistas de Puerto Rico, el Overseas Press Club, el Centro de Periodismo Investigativo, el Colegio de Abogados y Abogadas y la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) en Puerto Rico, habían manifestado su rechazo a la medida por considerar que limita el derecho ciudadano a la información y obstaculiza la rendición de cuentas pública.
