Pese a la oposición de organizaciones de derechos civiles y gremios periodísticos, la gobernadora Jenniffer González convirtió en ley el Proyecto del Senado 63, que enmienda la Ley de Transparencia y Procedimiento Expedito para el Acceso a la Información Pública (Ley 141-2019). La nueva legislación, ahora identificada como Ley 156-2025, amplía los plazos y añade nuevas exigencias para acceder a información gubernamental.
El gobierno de González justificó la aprobación, promovida por el senador Thomas Rivera Schatz, al indicar que existía “confusión” en la interpretación del ordenamiento jurídico actual. “Aunque el propósito de la Ley 141-2019 era asegurar y facilitar a todos los ciudadanos el derecho a examinar expedientes, informes y documentos del gobierno, algunas de sus disposiciones han generado confusión en la comunidad legal, la ciudadanía, la prensa y las agencias estatales. Esto ha provocado múltiples pleitos innecesarios que pudieran evitarse con normas más claras”, expresó La Fortaleza en un comunicado divulgado el domingo.
La Ley 156-2025 impone requisitos adicionales para las solicitudes de información en poder de las agencias públicas. Entre los cambios más notables, establece un nuevo término de 20 días laborables para la entrega de documentos —el doble del plazo anterior— en los casos en que los archivos no excedan las 300 páginas o tengan menos de tres años de antigüedad.
Para la información que supere esos límites, las agencias dispondrán de 30 días laborables y podrán solicitar una prórroga adicional de 20 días.
La medida fue rechazada por la Asociación de Periodistas, el Overseas Press Club, el Centro de Periodismo Investigativo, el Colegio de Abogados y Abogadas y la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) de Puerto Rico, que coincidieron en que las enmiendas representan un retroceso en la transparencia gubernamental.
