La gobernadora Jenniffer González convirtió en ley este martes la Resolución Conjunta de la Cámara (RCC) 278, que permitiría la distribución de un “cheque de alivio contributivo” a entre 600,000 y 700,000 contribuyentes durante este año. No obstante, la medida, con un impacto fiscal estimado en $554 millones, todavía no cuenta con el aval expreso de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF).
Tras la firma, realizada en el Salón de los Espejos de La Fortaleza, la JSF indicó que se encuentra evaluando la legislación, aunque horas antes había señalado que no contaba con la información necesaria para completar ese análisis. “Vamos a estar del lado del pueblo. Acabo de cumplir uno de los compromisos programáticos de reducirle las contribuciones a la gente”, expresó González en conferencia de prensa.
La gobernadora estuvo acompañada por el secretario de Hacienda, Ángel L. Pantoja; el presidente de la Cámara de Representantes, Carlos “Johnny” Méndez, y la senadora Migdalia Padilla, presidenta de la Comisión de Hacienda.
Sylvette Santiago, portavoz de la JSF, reiteró que el organismo no ha recibido el análisis de impacto fiscal de la RCC 278 ni del Proyecto de la Cámara (PC) 1014, una propuesta de reforma contributiva rechazada previamente por la Junta. Según explicó, sin esa información no es posible evaluar la fuente de financiamiento ni los efectos económicos de la medida.
La RCC 278 fue aprobada el lunes en Cámara y Senado, con la única oposición del senador independiente Eliezer Molina. Antes de su aprobación, Hacienda certificó que el gobierno dispone de un sobrante de $813.7 millones de años fiscales previos para cubrir el costo del alivio contributivo.
El secretario de la Gobernación y director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf), Francisco Domenech, aseguró que toda la información solicitada por la JSF ha sido suministrada y que ha existido intercambio constante entre ambas partes. González, por su parte, insistió en que la Junta ha participado en las discusiones y sostuvo que el beneficio debe convertirse en permanente mediante una segunda fase de la reforma contributiva que sigue bajo evaluación legislativa.
